Temas clave del proyecto de Ley de Educación Superior – tales como financiamiento, la nueva institucionalidad y las universidades estatales – abordaron académicos, alumnos y funcionarios administrativos que concurrieron al claustro realizado el jueves 4 de agosto, en la sede Concepción. Un encuentro similar se efectuará el jueves 11, a partir de las 9.30 horas, en el Centro de Extensión de nuestra casa de estudios, en Chillán.
La jornada partió con el saludo del rector Héctor Gaete Feres, quien llamó a “apropiarse” de la instancia, orientada a analizar y recoger opiniones respecto de la propuesta gubernamental, sin perjuicio de los esfuerzos que, con el mismo propósito, se hagan a nivel estamental, de las unidades académicas u otros organismos internos. Advirtió que con la reforma se juega la consolidación o no del sistema público, para lo cual se necesita de una comunidad informada y activa. Agregó que los resultados de los claustros serán compilados para su distribución a toda la Universidad.
Análisis jurídico
En seguida expuso el equipo jurídico de la UBB. El secretario general Ricardo Ponce se refirió al mensaje de la presidenta Bachelet que introduce y contextualiza la iniciativa, puntualizando sus ejes centrales: La búsqueda de la calidad, la equidad e inclusión y la pertinencia del quehacer de las instituciones de educación superior (IES), a las que clasifica en universidades del Estado, las otras integrantes del Consejo de Rectores, universidades privadas que adscriban a la gratuidad, centros de formación técnica e institutos profesionales.
Ponce abordó también los títulos I y II de la propuesta, referidos a las disposiciones generales y la Subsecretaría de Educación, respectivamente. El primero define el sistema de educación superior, los principios que le inspiran y sus finalidades, entre otros, manteniendo la provisión mixta. Respecto de la Subsecretaría, indica que trabajará directamente con el ministro en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas educativas. Entre sus funciones figura la administración del Sistema Común de Acceso a las IES y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.
Acreditación obligatoria
Por su parte, el director general Jurídico Pablo Zeiss presentó los títulos sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y la Superintendencia de Educación Superior. Precisó que se crea el Consejo para la Calidad de la Educación Superior, que reemplaza a la Comisión Nacional de Acreditación. Su objetivo es administrar los procesos de acreditación institucional, la que será obligatoria y abarcará las dimensiones de gestión institucional, sistema interno de gestión de la calidad, docencia y formación, investigación, creación e innovación y vinculación con el medio. Considerará además la acreditación de seis carreras y se entregará por un plazo uniforme de 8 años.
Habrá tres niveles de acreditación y un estado condicional transitorio, en el que la institución podrá estar sólo una vez. Si el plantel no se acredita, se nombrará un Administrador Provisional para alcanzar ese objetivo en un plazo de 3 años. De lo contrario, se procederá a su cierre. El nivel de acreditación tendrá efecto directo en la posibilidad de las IES de abrir nuevas carreras y aumentar vacantes. El proyecto de ley plantea igualmente la acreditación obligatoria de las Pedagogía, de Medicina y de los programas de doctorado.
En relación a la Superintendencia de Educación Superior, en tanto, Zeiss explicó que fiscalizará que las IES cumplan con las disposiciones legales, como la prohibición de lucrar para todas las universidades y los institutos profesionales y centros de formación técnica que reciben recursos públicos. Asimismo vigilará la viabilidad financiera de los planteles y protegerá los derechos de los estudiantes. Tendrá también potestades sancionatorias.
Educación superior pública
Cerró el análisis jurídico, el contralor Carlos Maturana, quien se centró en el régimen de la educación superior estatal. Se refirió a las disposiciones generales en torno a la misión, principios y deberes específicos de las IES públicas, así como a la eliminación de algunas exigencias y controles. Agregó que se conformará una red de IES estatales, a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior, para el desarrollo de políticas comunes y cooperación.
La propuesta regula la forma de gobierno de las IES del Estado, la que contempla la participación de la comunidad universitaria y del Estado. El rector será electo únicamente por académicos, su cargo durará 4 años y se limitará la reelección hasta por un período consecutivo. Habrá también un Consejo Directivo, presidido por el rector, con cuatro representantes del Presidente de la República elegidos por Alta Dirección Pública, además de representantes de los académicos y del Órgano Colegiado Normativo, que integran todos los estamentos. Este órgano superior regulará las materias académicas y elaborará el plan de desarrollo universitario.
La presentación del contralor UBB abarcó además temas como la regulación de aranceles y los fondos para la educación superior. Se dispondrá de recursos por gratuidad, según aranceles regulados, y de fondos para el fortalecimiento de las universidades estatales y para la investigación y creación artística. Este último fondo -al que podrán acceder los planteles con gratuidad- será asignado según indicadores de logro en investigación y se nutrirá con el actual Aporte Fiscal Directo, el Aporte Fiscal Indirecto y nuevos recursos. El Crédito con Aval del Estado, CAE, se mantiene mientras no se alcance la gratuidad universal.
Dimensión económica
Tras el análisis jurídico del proyecto, el vicerrector de Asuntos Económicos Francisco Gatica expuso la dimensión económica de la propuesta, considerando también la presentación del Ministro de Hacienda ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La autoridad universitaria enumeró las fuentes de financiamiento en el actual modelo, en la etapa de transición y en régimen regular, en el que ya no existirán los aportes fiscales directos e indirectos ni los convenios de desempeño.
Gatica se enfocó luego en la gratuidad, que hoy cubre los cinco primeros deciles y seguirá extendiéndose gradualmente. En 2017 se extenderá a los alumnos del quinto decil de IP y CFT. Luego, entre 2018 y 2020 llegará a los estudiantes del sexto decil. De ahí para adelante, no se señalan plazos, sino condiciones de crecimiento económico del país: Para llegar al séptimo decil, la recaudación fiscal debe ser del 23,5% del PIB; para el octavo, de 24,5%; para el noveno, de 25,5%; y para la gratuidad universal, de 29,5%.
Diálogo y mesas de trabajo
Tras las presentaciones, se abrió el espacio para las consultas y reflexiones de los asistentes. En el diálogo surgieron inquietudes con respecto a las posibilidades que genera la reforma para aumentar la cobertura del sistema público, que actualmente alcanza el 14 por ciento de la matrícula. Aunque hubo coincidencia en valorar la obligatoriedad de la acreditación, se señaló que las limitaciones que se imponen a las instituciones en el último nivel condicionarán su crecimiento y se tenderá al status quo. Se criticó también la heterogeneidad de los planteles que quedarían agrupados en ese nivel. La mirada con que se determinan los aranceles regulados fue asimismo objeto de comentarios, por centrarse en los costos de docencia. Hubo asimismo referencias a las dificultades que supone el mecanismo para llegar a la gratuidad universal.
La jornada consideró además la constitución de mesas de trabajo sobre los temas clave, cuyos representantes expusieron sus conclusiones en el plenario de clausura. En financiamiento, mencionaron la disonancia entre el mensaje presidencial y el proyecto de ley, la incertidumbre en torno a la gratuidad y la necesidad de allegar recursos para ampliarla. ¿Por qué no gratuidad universal para los estudiantes de las universidades estatales?, fue la pregunta.
Respecto de las universidades del Estado, se señaló que no hay sustento filosófico que fundamente la propuesta. Se echan de menos también principios básicos como la democratización interna y la autonomía universitaria, así como su rol de formación ciudadana. Se destacó asimismo la ausencia de una mirada especial hacia las universidades de regiones y la baja presencia regional en el Consejo para la Calidad de la Educación Superior. Se cuestionó igualmente la exclusión de los magíster de los programas con acreditación obligatoria.
Al cerrar el claustro en la sede penquista, el vicerrector académico Aldo Ballerini agradeció la participación de la comunidad universitaria. Es el momento de aunar criterios y construir una voz común, dijo, instando a los asistentes a compartir la experiencia con sus compañeros de trabajo o de carrera.
