UBB cumplió totalidad de las metas y acciones del Acuerdo de Producción Limpia en sus sedes Concepción y Chillán

Un 100 por ciento de cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Acuerdo de Producción Limpia Campus Sustentable, APL, registran las sedes Concepción y Chillán de nuestra Universidad, según el informe emitido por la empresa auditora Macrocap. Los auditores visitaron los campus de Avda. Collao, Fernando May y La Castilla, oportunidad en que revisaron, además, la documentación correspondiente y se reunieron con representantes de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos, Vrae, para verificar el desempeño institucional en este ámbito.

A fines de 2012, nuestra corporación oficializó su participación en el APL, impulsado por el Consejo de Producción Limpia (entidad público privada dependiente del Ministerio de Economía), con el propósito de incorporar transversalmente el concepto de sustentabilidad en el quehacer institucional. En este marco, comprometió once metas y 59 acciones ligadas a la formación, investigación y extensión, así como a la gestión educacional y administrativa de los recintos universitarios.

Como primer paso, el Departamento de Normalización y Certificación de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos realizó un diagnóstico que estableció que, en julio de 2013, nuestra Universidad presentaba un 21.4 por ciento de cumplimiento de los desafíos asumidos. A partir de esta línea base se definió un plan de acción que, como principal logro del primer año de vigencia del APL, consignó la medición de la Huella de Carbono Corporativa. Posteriormente, los esfuerzos se concentraron en la capacitación a académicos, estudiantes y  funcionarios administrativos en materias de sustentabilidad y su difusión y proyección hacia el medio externo. Los avances fueron constatados en las sucesivas auditorías efectuadas en enero de 2014, cuando se alcanzó un 38.7 por ciento de logro, diciembre del mismo año (71.3), agosto de 2015 (90.2) y octubre de 2016 (100 por ciento).

Las metas y acciones que concretó la UBB  como parte del APL se vinculan a la implementación de una institucionalidad ligada a la sustentabilidad; su incorporación a los planes de estudio de las distintas carreras, así como a las actividades de extensión e investigación; capacitación de académicos, estudiantes y funcionarios administrativos; medición de la huella de carbono; reducción del consumo de energía y agua; manejo de residuos e implementación de medidas preventivas de riesgos laborales.

En este propósito se adoptaron medidas como la conformación de un Comité de Sustentabilidad, integrado por representantes de las vicerrectorías y las direcciones de Investigación, Extensión y Recursos Humanos, y la designación del Departamento de Normalización y Certificación como unidad coordinadora de este esfuerzo. En el ámbito de la docencia, en tanto, se levantó información respecto de las asignaturas obligatorias relacionadas con el tema y se puso en marcha el curso Sustentabilidad y Eficiencia Energética, que se imparte a través de la Unidad de  Formación Integral y el Departamento de Estudios Generales. En extensión, investigación y capacitación, se impulsaron seminarios, ferias, proyectos, talleres y jornadas sobre la temática.

Asimismo, se redujo el 5 por ciento del consumo de energía y agua (meta global para las 22 instituciones de educación superior adscritas el APL) y se desarrollaron sistemas de manejo de residuos sólidos, identificación y previsión de peligros laborales y de emisión de riles.

“En función del informe de la auditoría de evaluación de cumplimiento de Macrocap Latinoamérica y el Consejo de Producción Limpia y según lo evidenciado en ésta, las sedes Concepción y Chillán (Campus Fernando May y La Castilla) de nuestra Universidad cumplen  con el 100% de las metas y acciones comprometidas en el Acuerdo de Producción Limpia Campus Sustentable, por lo que se recomiendan para certificación”, señaló el jefe del Departamento de Normalización y Certificación, Juan José Valenzuela. Y agregó: “La certificación definitiva estará sujeta a la última etapa del proceso de certificación, que corresponde a la inspección de los servicios públicos involucrados en el proceso, lo que se debe realizar durante el primer semestre de 2017”.