Fundación Ciudad del Niño y UBB elaboran protocolo de acción ante abuso sexual a niñas, niños y adolescentes

La propuesta de protocolo fue presentada a equipos de profesionales de escuelas, liceos y colegios de la provincia de Ñuble, en el marco del Seminario taller sobre “Detección y abordaje de vulneraciones de Derecho en niñas, niños y adolescentes en la esfera de la sexualidad”. Iniciativa liderada por la Fundación Ciudad del Niño, consideró la colaboración y aportes de la académica de la Escuela de Trabajo Social UBB, Patricia Becerra Aguayo.  

La académica del Departamento de Ciencias Sociales, Patricia Becerra Aguayo, explicó que el trabajo conjunto con Fundación Ciudad del Niño se da en el marco de un acuerdo de colaboración que considera la realización de prácticas profesionales, trabajo de revisión de casos mensualmente y actividades de extensión y de vinculación con el medio.

“Hace unos 6 años que venimos trabajando con la Fundación. Este año nuestro principal interés era trabajar en educación, y es así como un Programa de Reparación de Maltrato (PRM) de Fundación Ciudad del Niño dirigido por la psicóloga María José Melo, venía trabajando un protocolo, porque se detectó una necesidad en términos de saber detectar lo que es un abuso y cómo manejarse frente a situaciones de abuso que se develan en el ámbito educacional.  También asomaba como muy relevante que todos los profesionales que laboran en los establecimientos educacionales supieran qué hacer y no solo los profesores. Es importante que los equipos, los directivos, entre otros, sepan cómo poder transitar, cómo reaccionar y también presentar la denuncia en los casos que corresponda”, explicó la académica UBB.

El seminario taller, desarrollado en el Salón Miguel Jiménez Cortés, consideró la numerosa participación de psicólogos, trabajadores sociales, orientadores, profesores, directores de escuela, entre otros integrantes de comunidades educativas de todo Ñuble.

La directora del PRM Ciudad del Niño Chillán, psicóloga María José Melo Bahamondes, comentó que la propuesta de protocolo es un “documento de apoyo para que cada establecimiento educativo pueda revisar su propio protocolo y así unificar criterios de acción frente a la detección y abordaje de situaciones de connotación sexual, desde un enfoque de derechos infanto-juveniles. Se busca evitar  que los niños, niñas y adolescentes sean revictimizados en múltiples interrogatorios sobre lo sucedido, y se resguarda la confidencialidad de la información de manera que éstos no sean estigmatizados”, ilustró.

La profesional detalló que el protocolo considera un marco conceptual que define y caracteriza las situaciones de connotación sexual, además de una guía específica de acción en dichas situaciones, tendientes a garantizar la protección y correcto ejercicio de sus derechos. “Además, se incorporaron instrumentos para identificar qué conductas sexuales son o no esperables de acuerdo a distintas etapas de desarrollo y otros que permiten diferenciar conductas sexuales esperables, de prácticas sexuales problemáticas y de otras sexualmente abusivas”, aseveró.

La jefa del Departamento de Colaboración y Desarrollo de la Fundación Ciudad del Niño, María Teresa Sepúlveda Carreira, resaltó que el cuidado de los niños y niñas no es exclusiva responsabilidad de padres, madres y de familiares cercanos, sino que corresponde a los adultos en general.

“Los niños pasan una parte importante de su día en el colegio, en clubes, etc. por lo tanto, las situaciones de vulnerabilidad a las que se ven expuestos son amplias, y no están solamente en el contexto familiar sino que están en el contexto comunitario, de ahí que la comunidad es responsable. Y cuando hablo de comunidad somos todos, es la escuela, es la universidad, el vecino, entre otros”, comentó la representante de Fundación Ciudad del Niño.

Del mismo modo, destacó el interés por generar un protocolo específico pensado en las comunidades escolares, sobre todo pensando en que niñas, niños y adolescentes pasan gran parte de la jornada diaria en establecimientos educacionales. “Los profesores observan mucho y saben cuando un niño o niña presenta una conducta normal y cuando se está alejando de eso. El punto es que no debemos mirar hacia el lado. Frente a estas situaciones hay que saber qué hacer como colegio o como comunidad, porque la responsabilidad no es de una sola persona sino de una comunidad educativa”, aseveró.

María Teresa Sepúlveda relevó además, que el contar con un protocolo permitirá a las comunidades intervenir adecuadamente ante una situación de sospecha, de manera que los niños no se vean enfrentados a la vergüenza o el temor. Asimismo, el protocolo asegura que la intervención sea eficiente de manera que delimita el proceder de los integrantes de la comunidad educativa.

“Cuando no hacemos bien las cosas se puede perjudicar una causa y una víctima queda invisibilizada y un victimario sigue impune frente a esa situación. Un protocolo también permite vislumbrar hasta dónde tengo que llegar y cuándo esa situación pasa a un programa especializado o queda en manos de un tribunal. Pero ante todo, lo esencial es que como comunidad educativa no puedo ser indiferente frente a lo que le está pasando a un niño”, enfatizó.

La académica del Departamento de Ciencias Sociales de la UBB, Patricia Becerra Aguayo, explicó que el protocolo en que se encuentran trabajando fue validado por SENAME, institución que aportó sus observaciones. Igualmente, se trabajó con la Jefatura Provincial de Educación, y con la mayoría de las Direcciones de Educación Municipal de la provincia de Ñuble, instancias que también contribuyeron con sus aportes.

El seminario taller consideró un abordaje teórico sobre detección y abordaje de vulneraciones de derecho en niñas, niños y adolescentes en el ámbito de la sexualidad, junto con la revisión del protocolo, de manera que los concurrentes también formularon sus observaciones al documento propuesto.

“Este protocolo es una herramienta que puede complementar el trabajo que se realiza en los colegios y escuelas, tarea que los establecimientos educacionales tienen que desarrollar por obligación legal, en términos de los marcos de intervención en abuso”, aseguró la académica Becerra Aguayo.