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Publicado el 11 de marzo del 2020

Investigador UBB aporta capítulo de Chile en “Historia de las Prisiones Sudamericanas”

Por Cristian Villa Rodríguez
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El académico del Departamento de Ciencias Sociales, Dr. Marco Antonio León, desarrolló el capítulo denominado “El derrotero de una eterna reforma. Prisiones, Estado y Sociedad, durante el Chile desarrollista; 1920-1970”. La publicación corresponde a la Colección de Estudios Penitenciarios, iniciativa surgida en el seno de la Universidad de Tucumán, Universidad de Córdoba y del Instituto de Historia del Derecho de Buenos Aires, Argentina.

“Historia de las Prisiones Sudamericanas. Entre experiencias locales e historia comparada (siglos XIX y XX)”, reúne investigaciones de académicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Paraguay, Perú y Uruguay, con el afán de brindar un estudio comparado de la historia de las prisiones en la región, según explicó el Dr. Marco Antonio León.

“Se busca aportar una historia social y cultural de las prisiones, que no sólo considere el aspecto normativo y jurídico. Buena parte de los académicos e investigadores proviene del mundo del Derecho y de la Historia, pero ante todo intentan desarrollar investigaciones y temáticas desde perspectivas más amplias. Se apuesta por una historia multidimensional, abordada desde distintas perspectivas”, precisó.

El Dr. Marco León aborda el marco cronológico del siglo XX, aunque no se agota exclusivamente en ese periodo. “Trato de mostrar cómo las prisiones chilenas son herederas, en buena medida, de los problemas de infraestructura, presupuestarios, de convivencia, de administración y de organización, que vienen del siglo XIX. Es una herencia que pervive, pese a la retórica de los gobiernos del nuevo siglo, que aseguran que se vive una modernización del sistema de prisiones”, señaló.

Por ello, el investigador UBB alude al concepto de “eterna reforma”, que pareciera caracterizar a esta etapa.

“El discurso público habla de esta reforma, pero no hay cambios ni transformaciones profundas. Los problemas se entrampan y tienden a ser cíclicos, y se discute una y otra vez sobre lo mismo: carencias en infraestructura, en alimentación, condiciones que afectan a la guardia, necesidad de nuevos penales a lo largo del país, o bien, la necesidad de adaptar legislación internacional, que muchas veces se declara, pero se hace mal o muy tardíamente”, ilustró.

Sin embargo, durante el periodo se evidencia una mayor presencia e intervención del Estado en los asuntos de las prisiones, lo que se condice con la etapa de cambio de modelo, pasando de la concepción del Estado liberal-guardián, al de un Estado de corte desarrollista, industrializador, benefactor o asistencialista.

“El rol del Estado es más evidente, no sólo por la Constitución de 1925, sino también por el crecimiento del aparato y la burocracia estatal. Es así como se crea una Dirección General de Prisiones que busca cristalizar un sentido modernizador. Se crean nuevos recintos penales y la clasificación de ellos también se vuelve más compleja”, describió.

Esta administración más compleja no sólo debe dar cuenta de los problemas de las etapas históricas previas, sino que además debe asumir las nuevas problemáticas del momento.

“Si bien, el estudio abarca hasta 1970, algunos de estos problemas se proyectan hasta hoy. Por ejemplo, cuando se define el Servicio de Prisiones, que hoy conocemos como Gendarmería, hay numerosos cuestionamientos internos sobre cómo definir la planta de funcionarios. Hasta hoy Gendarmería es un Servicio, lo que deriva en problemas que afectan a su personal y repercute, por ejemplo, en el tipo de beneficios y pensiones”, comentó el investigador UBB.

Aún así, en este periodo comienzan a vislumbrarse políticas públicas más claras respecto de las prisiones y de los reos.

“Aunque parezca una curiosidad, es en este momento donde se define normativamente que el reo, a pesar de que esté privado de sus derechos ciudadanos, es una persona. Eso que pareciera ser tan evidente, no lo era. Es un aporte fundamental de la década de 1960. Recién ahí se comienza a definir una política pública que vaya más allá de crear una institución y establecer recintos penales. A partir de eso se pone más atención en las características de la población de los recintos penales; un aspecto que se echa de menos en otros periodos de la historia”, reflexionó.

 

Cristian Villa Rodríguez

Cristian Villa Rodríguez, Periodista. cvilla@ubiobio.cl 042-2463015

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