Con la participación de la socióloga Dra. Violeta Montero y del abogado Dr. Fernando Atria, el miércoles 19 de agosto se llevó a cabo el segundo webinar convocado por la Coordinación de la Reforma Estatutaria de nuestra casa de estudios. La académica expuso conceptos clave y perspectivas sobre la participación, movimientos y culturas juveniles y los desafíos que estos temas presentan al proceso de renovación de la normativa orgánica de las universidades estatales. Por su parte, Atria entregó algunos criterios sobre comunidad y cómo esta debe organizarse a la luz de sus propias experiencias y aprendizajes, que -dijo- pueden contribuir a estimular la conversación que requiere esta tarea.
Tras el encuentro en que la directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado Alejandra Contreras abordó los alcances de la ley que regula a estos planteles en relación a la elaboración de sus nuevos estatutos, este segundo webinar se enfocó en los tópicos comunidad, participación y democracia. Al dar la bienvenida a los asistentes el rector Dr. Mauricio Cataldo reparó en el complejo escenario político, económico y sociosanitario en que la reforma estatutaria se está llevando adelante. Las condiciones de contexto son difíciles, pero nuestras convicciones son más fuertes y seguiremos avanzando en la construcción de una comunidad democrática y participativa, afirmó. En seguida, el coordinador general de la reforma estatutaria, Dr. Enrique Zamorano, presentó a los conferencistas cada uno de los cuales realizó una exposición de 20 minutos, para luego dar paso a consultas.
Junto con mencionar normativas y políticas que determinan la participación ciudadana y sus distintos niveles, Violeta Montero se refirió a la importancia de la participación en el ámbito universitario. Para los jóvenes, constituye un aprendizaje político trascendente y para las instituciones, una forma de evitar conflictos y legitimar sus acciones, argumentó. Asimismo, promueve una cultura inclusiva y de pertenencia activa, regula el poder, asegurando más control y transparencia, y contribuye al rol político y social de las universidades en la formación de ciudadanía, añadió.
La Dra. Montero recordó los movimientos estudiantiles registrados en Chile los últimos años, los que a su juicio provocaron un punto de inflexión, un cuestionamiento a los procesos tradicionales de toma de decisiones, expresó. Aludió igualmente a las culturas juveniles de hoy y puntualizó los factores que las caracterizan: Diversidad de formas de vivir la juventud, mayor acceso a la información y a la educación, menos certeza del empleo, organizaciones horizontales y autogestionadas, valoración del asambleísmo, desconfianza en las formas tradicionales de representación política, dinámica de minorías activas y feminización de las formas y orgánicas de movilización, entre otros.
En este marco, la académica indicó que la participación universitaria debe considerar actores individuales y colectivos, formales e informales, así como el sentido y las formas de la participación. Asimismo, sostuvo, la comisión redactora de los nuevos estatutos debe incorporar mecanismos procedimentales de discusión que aseguren una representación amplia y heterogénea, el uso de la palabra, el correcto registro y sistematización de la información y mecanismos claros para la búsqueda de consensos y resolución de controversias, además de propiciar la difusión y deliberación pública de la comunidad universitaria.
En tanto, Fernando Atria advirtiló que la Ley 21.094 sobre universidades estatales reintroduce el concepto de autonomía universitaria, que estaba en la Constitución de 1925 pero que no aparece en la de 1980. De esta manera, reflexionó, la autonomía vuelve a interpretarse como de la Universidad en sí misma y no de sus dueños o similar a la que tienen otros cuerpos intermedios. Quien la ejerce no es el propietario sino la comunidad universitaria, de la que nadie es dueño y, por lo tanto, no responde a intereses particulares. Los nuevos estatutos, en consecuencia, deben responder a la pregunta de cómo se institucionaliza y gobierna esta comunidad autónoma, indicó el académico.
Atria señaló igualmente que los principios de participación democrática no se aplican necesariamente a las universidades, sino que éstas deben buscar sus propias formas de organización de acuerdo a sus tradiciones, experiencias y aprendizajes. Las instituciones universitarias tienen características que hacen que los principios políticos de la democracia no les sean exigibles, aunque sí posibles según las especificidades de cada una, precisó.
El académico resaltó también que la ley 21.094 establece una instancia de coordinación de las universidades estatales de todo el país. No obstante, la normativa sólo crea este espacio, dejando otras definiciones a los propios centros de estudio, de tal manera que, extremando el tema, podría derivar sólo en una formalidad o en el surgimiento de una única universidad estatal de nivel nacional, con sedes en las distintas regiones. Todo dependerá de que tan lejos se transite de una visión de competencia a una de cooperación interinstitucional, manifestó.
