El Dr. en Historia Pedro Oliver Olmo, académico de la Universidad Castilla-La Mancha, dictó la conferencia titulada “Protesta y represión en la España democrática”, invitado por el académico del Departamento de Ciencias Sociales, profesor titular Dr. Mauricio Rojas Gómez. La actividad se da en el contexto del Proyecto Regular FONDECYT 1140777, que dirige el Dr. Rojas Gómez, denominado “Delito y modernidad: características del sentimiento de inseguridad en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción, 1920-1973”.
La ponencia da cuenta, en palabras del historiador, de la “deriva autoritaria” con la que el Estado español, y específicamente el Partido Popular (PP), afrontó el ciclo de protestas sociales surgido tras el movimiento del 15-M de 2011.
El movimiento del 15-M, también identificado como de los “indignados”, fue una corriente ciudadana, que en medio de la crisis económica que asoló el país, inició una serie de protestas pacíficas en España con el propósito de promover una democracia más participativa, menguar el dominio de bancos y corporaciones, entre otras iniciativas, con el afán de mejorar el sistema democrático.
Parte de lo expuesto en la conferencia es posible encontrarlo en el libro “Protesta democrática y democracia antiprotesta. Los movimientos sociales ante la represión policial y las leyes mordaza”, cuya autoría comparte con Jesús-Carlos Urda, también académico de la Universidad Castilla-La Mancha.
¿Por qué surge el interés de analizar la represión en democracia, en el caso español en específico?
-“Los estudios históricos sobre la represión en España se centran principalmente en la etapa dictatorial franquista. No hay estudios históricos que se centren en periodos concretos de la etapa democrática. ¿Por qué? Porque por parte de algunos historiadores o de corrientes historiográficas y de ciencias sociales, es mucho más llamativo, o incluso parece como axiológico, hablar de dictadura y represión… parece que va de suyo. La cuestión está en desvelar con rigor que las democracias también son represivas. Hay prácticas legales y extralegales dentro de las democracias, evidentemente en una proporción dolosa mucho más aminorada que en una dictadura. Es decir, que hay también una actitud novedosa, en parte también valiente en los historiadores, que se adentran a estudiar estas cuestiones en las etapas democráticas. Me parece que ponen en tela de juicio un valor que es en gran medida compartido, como es la democracia, y por eso el título es hasta cierto punto provocador: democracia antiprotesta”.
¿Cómo se entiende la democracia antiprotesta?
-“La democracia entendida como régimen, estático, claramente en contra de la protesta. Podemos decir, bueno cuando la protesta es violenta es antidemocrática, rompe los consensos y violenta a las personas, es normal que un Estado democrático se defienda, pero estamos hablando de protesta democrática, y ahí es donde aparece una paradoja que es insuperable. En esa dialéctica entre lo que es un régimen democrático y una protesta democrática, esa dialéctica conflictiva es insuperable ya digo, y a lo más que se puede llegar, es a conseguir un Estado más garantista de los derechos humanos, que como mínimo tenga una relación que aunque conflictiva, sea más respetuosa con el propio marco legal constitucional que dice defender”.
Usted hacía alusión al concepto de criminalización social, como una suerte de valoración negativa que los gobiernos intentan vincular a quienes protestan democráticamente.
-“Los intentos de criminalización social, consisten en adentrar a los protestatarios, a los movimientos que han protestado, en un umbral de criminalización, es decir, de rechazo social y cultural, hacia gente a la que se le va a representar como criminales, como delincuentes. Eso ha fracasado en España con movimientos sociales que claramente han sido transcendentes, en el sentido de que han provocado cambios sociales y políticos. Hablo de algunos anteriores al 15-M- como fue el movimiento de Objeción de Conciencia e Insumisión, el movimiento ecologista, y los movimientos de antiglobalización en general. Pero, se podría hablar también de un rosario de movimientos sociales locales, regionales, autonómicos, etc”.
“Ahora bien, a partir del 15-M, cuando se intentan reproducir por parte de las autoridades gubernativas, esas mismas tácticas que adentrarían al movimiento en la criminalización social, una vez más hay una criminalización fallida, y el gobierno en eso consigna un sonoro fracaso. Lo hizo ya con la insumisión, con los ecologistas, lo hizo con movimientos antiglobalización y por si había alguna duda, en las encuestas de afecto, siempre la sociedad mostró un alto porcentaje de afecto, como mínimo de no criminalización hacia la protesta de estos movimientos que he dicho. Y en el caso del 15-M el afecto social se transformó en aprobación social, complicidad y compartir valores como los que preconizaba el 15-M, hasta un porcentaje altísimo del 70% de la población española”.
“Cuando se hacen indagaciones de recuerdo, ese recuerdo social construido sobre el 15-M, sigue siendo muy valorado positivamente por parte de la sociedad. Entonces, todos los intentos de criminalizarlos, todos los intentos que ha tenido la derecha mediática, la derecha en el gobierno, pero también una cierta izquierda bien pensante, todas han fracasado, porque era presentarlos como desordenados, desobedientes, que lo eran, pero claro, cuando la desobediencia civil está compartida en el sentido de que además se hace con métodos no violentos, pues se consigue no solamente parar la de criminalización, sino hacer que el gobierno quede en desventaja, eso pasó con la Insumisión, con la objeción de conciencia en los años 80 a 90, cuando los gobiernos de turno pretendieron presentar a los insumisos como aliados de ETA, que era algo tremendo y terrible para objetores de conciencia que preconizaban la no violencia, y no lo consiguieron”.
Usted mencionaba el concepto de burorrepresión como estrategia represiva de los gobiernos…
“La principal estrategia represiva y la más dañina que se ha lanzado contra el 15-M, ha sido la burorrepresión a través de la sanción administrativa o la multa. Pero a pesar de que ha habido una penalización, una criminalización formal, no han conseguido ni por asomo una criminalización social”.
“Desde el 1 de julio están vigentes nuevas leyes. La reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana a la que muchos han llamado Ley Mordaza. Es una ley ad hoc contra las protestas que se han llevado a cabo estos años. Sin embargo, puede que tenga los meses contados, puesto que hay un pacto de toda la oposición de abolirla en cuanto que el Partido Popular (PP) perdiera el gobierno. El PP podría ganar el gobierno, pero si volviera a ganar no lo haría por mayoría absoluta, y tendría que negociar con un partido emergente de centroderecha, que es Ciudadanos, quien también le obligaría a cambiar la Ley Mordaza, o a modificarla o a abolirla. El PP ha gobernado estos años con una mayoría absoluta y estamos hablando de una ley, pero podríamos hablar de otras muchas que podrían tener sus días contados”.
¿Por qué se han aprobado estas leyes? ¿No eran suficientes las que ya habían?
-“Digamos que el arsenal punitivo de castigo, de sanción, que ha desarrollado el gobierno, ya con Rodríguez Zapatero del PSOE y luego sobre todo con el PP, ha sido más que suficiente. La Ley de Seguridad Ciudadana en vigor, que es una ley socialista de principios de los años 90 del siglo XX, era más que suficiente. Estamos viendo, por ejemplo, que al 15-M, allá donde más se ha desarrollado como en Madrid, se le han dirigido más de 1000 sanciones administrativas, decenas y decenas de multas contra activistas”.
“¿Qué pasa con la Ley de Seguridad Ciudadana nueva del PP? Que implementa de alguna manera muy significativa el castigo a través de la sanción administrativa, lo que llamamos burorrepresión. Incorpora las protestas nuevas que no estaban contempladas en una normativa, que es de principios de los años 90, y que lógicamente no tenía contempladas pues por ejemplo, formas de protesta muy propias de la sociedad informacional, o acompañamientos de la protesta, como puede ser el hecho que los activistas o los periodistas que acuden a cubrir esas noticias, tienen muchos más medios para grabar y difundir imágenes de la actuación policial en comparación a lo que había entonces. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana contempla sanciones muy fuertes contra eso, y con otras cuestiones que hemos conocido estos años”.
¿Qué subyace a todo esto?¿Qué está en conflicto finalmente?
“Como analista de los sistemas de Sociedad de control y de Estado securitario, sobre todo en el mundo Occidental, claramente parece que está situando la burorrepresión, es decir, la sanción administrativa, en el centro del sistema punitivo o sistema de sanción, entendido este último en un sentido amplio, no solo el penal-judicial, sino también el administrativo que puede pertenecer a otras administraciones como las municipales u otras policías”.
“Las multas han existido siempre y han formado parte del sistema de sanción, pero en muchos países, por ejemplo en España, hasta esta nueva modalidad que ha introducido el PP, las sanciones administrativas estaban vinculadas al sistema penal, con lo cual, aunque la sanción la dictara un policía y la refrendara una autoridad gubernativa, existía un control jurisdiccional; en una sala de justicia un juez podía dictaminar, y ese ha sido un problema que ha tenido el PP en España estos últimos años, pues un juez podía dictar que esa sanción colisionaba con un derecho fundamental. Y ahí es donde se han visto atadas de pies y manos las autoridades gubernativas y policiales. Esta ley lo que pretende, es que la sanción administrativa quede al margen del control jurisdiccional y por lo tanto, haya impunidad en la administración de la misma como arma política, cuando la utilizan claramente colisionando con los derechos fundamentales”.
“Esto es un fenómeno que creo está ocurriendo en general en Occidente, porque a las policías de cualquier país, no les resulta positivo el tener una imagen represiva como antaño, aporreando a las personas o deteniéndolas por el hecho de ejercer una protesta social. Entonces, tampoco les está viniendo nada bien el que las herramientas de la sociedad informacional estén en manos de los activistas que desvelan las estrategias de represión sucia, porque gracias a los videos, a los dispositivos electrónicos, digitales y demás, se consigue grabar actuaciones policiales”.
“Y por último la acción policial más dañina, que es simplemente poner una multa. Y sin embargo las multas son cuantiosas y hacen mucho daño, se convierten en muy persuasivas y provocan un efecto de desaliento, pues el ciudadano que ha participado en manifestaciones, cuando le llega una multa de 600 euros a casa, es muy posible que se piense muy bien si va a acudir a la siguiente manifestación”.
“Esto está muy de acuerdo con lo que es el Estado securitario, Estado que reprime de otra manera, que utiliza la soft repression o represión de baja intensidad y que es muy dañina”.
¿Por qué ha ocurrido esta situación que describe en España?
-“En el caso específico del PP, o de España mejor dicho, yo creo que esto obedece a una cosa. El PP llega el 2011 al poder, y adquiere más poder que nunca nadie ha tenido en toda la España democrática. Se ve tentado, lógicamente, a llevar adelante un programa profundamente neoliberal y basado en la lucha contra el gasto público, etc. Pero además, tiene enfrente, lo que ya desde el 15-M de ese mismo año se ha demostrado que es un nuevo ciclo de protesta. Miles de personas están en las calles, médicos, profesionales, de todo tipo de sectores están protestando. El PP es consciente de que tiene delante un clima de protesta que no llega a ser tan alto como el que hubo en la transición del franquismo a la democracia, pero es el más alto desde entonces. Entonces, recurre a una vía autoritaria represiva y necesita renovar el arsenal represivo que tiene el Estado, desde los años 80 a 90, necesita renovarlo, se ve tentado a eso y lo hace”.
“Hay una cuestión también coyuntural del PP, que ha introducido a España en una deriva autoritaria y una pulsión represiva que ha sonrojado a cualquier demócrata en Europa. Desde la Unión Europea lanzaron un aviso al Ministro del Interior, diciéndole que les parecía desproporcionado poner una multa de 600 mil euros por ejercer una protesta un grupo como Greenpeace y él contestó de manera airada, la propia de alguien que ha sido bien señalado como alguien autoritario, que lamentablemente con estas medidas coloca a España en una senda inquietante, pseudo democrática, que aunque estemos un poco lejos, nos puede llegar parecer más a la Rusia de Putin o a la Turquía de Erdogan, que a un país medianamente de nuestro entorno, como puede ser otros que también han recibido políticas duras y que sin embargo no han cambiado sus normativas de esa forma”.
“Y todo esto sorprende mucho, en un sentido ya más emotivo, porque no puede ser pacífico –lo digo en un sentido intelectual- que alguien se empeñe en esto, teniendo en España, lo que algunos historiadores – es verdad que quizás escorados un poco a valorarlo muy en positivo- pero en general los historiadores, los sociólogos pueden calificar de una protesta que en España ha sido un lujo de protesta”.
“Ante una situación tan conflictiva como la que estábamos viviendo, la respuesta, esa que nadie que veía que llegara, que se da en España a partir del 15-M es una respuesta, sí desobediente y transgresora, pero profundamente pacífica, no violenta y encima creativa y bastante jugosa.
“Alguien podría decir que es un lujo en la historia de los movimientos sociales lo que ha ocurrido en España. Porque qué medidas hubieran adoptado estos promotores de las medidas más represivas y autoritarias, si hubieran tenido enfrente la protesta de Grecia, donde muchos jóvenes optaban por ir a quemar el Parlamento, o qué hubieran hecho si hubieran tenido la protesta de Italia, donde los grupos de autónomos y de la ultraizquierda, pues marcaron la pauta de protestas y algaradas contra la policía… En España eso no ha ocurrido”.
“Uno de los historiadores que más ha profundizado en el análisis de los movimientos sociales y de protesta en todo el siglo XX y principio del siglo XXI, Rafael Cruz, ha contabilizado grosso modo, que el 1% de todas las protestas que han habido en España, se puede decir que ha tenido carácter violento, frente a un 99% de protestas ejemplares. Pueden ser molestas, conflictivas, pero ejemplares, democratizadoras y no violentas. Algún día, más adelante, eso se juzgará históricamente”.
