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Como un hecho histórico, con el que el Estado retoma la responsabilidad que tiene respecto de sus instituciones, calificó el rector Héctor Gaete Feres la presentación del proyecto de ley sobre universidades estatales, que el Ejecutivo envió al Congreso el martes 6 de junio. A juicio de la autoridad universitaria, la iniciativa -que, entre otros aspectos, establece el rol que le compete al Estado en relación a estos planteles, identifica instrumentos de financiamiento, fija reglas de gobierno y gestión y define una visión y misión colectiva para el trabajo en red- “va en la dirección correcta”.
El Rector indicó que, con la propuesta, el Estado evidencia su intención de recuperar el papel que le corresponde para que todas sus universidades sean referentes de calidad y contribuyan al desarrollo nacional y regional, sin perjuicio de la provisión mixta de la educación que caracteriza nuestra tradición republicana. Hay una decisión, una declaración de responsabilidad, que no había habido en más de cuatro décadas, afirmó.
Gaete Feres precisó que las normas relativas al aseguramiento de la calidad de las instituciones quedan radicadas en el proyecto general de ley de educación superior y son aplicables a todos los planteles. La propuesta sobre las universidades estatales es complementaria al proyecto de reforma. Se presentó separadamente porque se estima que su tramitación puede resultar más expedita, dado que existe un amplio consenso sobre la necesidad de fortalecer estas instituciones, explicó.
Junto con reconocer su especificidad y el compromiso del Estado en el fomento de la excelencia y aporte de su quehacer, el proyecto fija algunas directrices básicas para los órganos superiores de gobierno de las universidades del Estado. Se crea un Consejo Superior, a cargo de las definiciones estratégicas, conformado, además del Rector, por tres representantes del Presidente de la República, dos profesionales destacados y tres representantes del Consejo Universitario. Este último será representativo de los distintos estamentos, tendrá un carácter asesor y lo presidirá el Rector.
La iniciativa establece además un plazo de tres años, a contar de su entrada en vigencia, para que las universidades presenten sus nuevos estatutos, advirtió Gaete Feres.
Se propone igualmente la creación de una Contraloría Universitaria, que fiscalizará la legalidad de los actos administrativos y auditará los recursos de la institución y cuyo titular “estará sujeto a la dependencia técnica de la Contraloría General de la República”. Asimismo plantea normas comunes para la flexibilización de la gestión administrativa y financiera de las universidades bajo criterios de responsabilidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Hay un avance en la desburocratización, reconoció el rector de la UBB.
La autoridad universitaria remarcó la consolidación del trabajo en red de los 18 planteles del Estado, que el proyecto institucionaliza con la creación de un Consejo de Coordinación, que incentivará la articulación y colaboración entre los centros de estudio. Además implementa un plan de fortalecimiento de diez años, por un monto total de 150 mil millones de pesos, cuyos recursos se adjudicarán anualmente, bajo la modalidad de convenio, para el desarrollo de las universidades.
Asimismo, la propuesta considera un financiamiento permanente, a través de un convenio marco, cuyos montos específicos se establecerán en la Ley de Presupuesto de cada año. Para su distribución -mediante decreto de los ministerios de Educación y Hacienda- se establece como piso mínimo la asignación del año 2016.
El rector Gaete apuntó también que el proyecto recoge la dimensión territorial de los planteles regionales en lo que se refiere a la pertinencia de su oferta académica y su aporte a las comunidades. Además, indicó, aunque no aparecen mayores instrumentos de financiamiento, la modalidad de distribución de recursos mediante convenio marco, que la iniciativa consolida, tiene un componente regional importante.
Por último, la autoridad universitaria expresó: Esperamos que el proyecto de Ley de Universidades del Estado pueda ser aprobado en los próximos meses, aunque respetamos las atribuciones de los legisladores. La propuesta constituye un paso positivo, un hito para nuestras instituciones que hacen un aporte clave al desarrollo del país, de Arica a Punta Arenas.
