Un análisis sobre el concepto de tortura y las diversas consideraciones a nivel internacional en esta materia realizó el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, al dictar la clase inaugural del Diplomado de derechos humanos y función pública, que realiza dicho organismo y nuestra Universidad.
Branislav Marelic se reunió con el rector de la UBB, Héctor Gaete.
En su tercera versión, el diplomado contempla clases hasta enero de 2018 a 30 funcionarios públicos, con el fin de fortalecer la protección de los derechos humanos en el contexto de la función pública de la región del Biobío y de la zona centro-sur del país, formando funcionarios públicos, profesionales o integrantes de Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, en principios fundamentales tales como el respeto a la dignidad humana, el pluralismo y la diversidad. Lo anterior, para que estos conceptos sean ejes que guíen su desempeño en el ámbito público, participando activamente en la construcción y consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, sostuvo que «al hablar de materia de tortura, que es uno de los principales mandatos que tiene el Instituto, una de las cosas importantes es que se entienda qué es la tortura y que ésta se tiene que prevenir, pero junto con eso también nos da pie para poder conversar cuáles son las obligaciones de los funcionarios públicos en general en materia de derechos humanos, pues éstos no solamente no tienen que torturar sino que deben generar los medios, las condiciones en su actitud para que eso nunca ocurra”.
Igualmente, explicó que cuando hay privación de los derechos humanos es porque algo en el Estado falló. «Sus obligaciones principales son el respeto, que implica que los agentes del Estado no violen los derechos humanos; y la garantía, que significa que una jurisdicción tiene que usar ese derecho y si se ve afectado el Estado debe reaccionar», precisó.
La directora del diplomado y del Programa de Derechos Humanos de la UBB, Vivianne Hasse, manifestó que las personas seleccionadas en el programa son profesionales clave en la medida que toman decisiones e inciden en política pública. “Si luego del diplomado esas decisiones las toman basadas en los tratados internacionales, por ejemplo, donde la línea del ser humano es fundamental, nos parece que puede tener incidencia directa en el trato y nuestra labor estaría cumplida”, aseveró.
La abogada de la Defensoría Penal Pública de Concepción y San Pedro de la Paz, Karen Torres, es una de las profesionales que se inscribió en el diplomado, con el fin de profundizar en el estudio de los derechos humanos, porque «trabajo con gente vulnerable de privación sociocultural, económica y de libertad, entonces en ese ámbito es importante saber como podemos como defensores proteger, cautelar los cumplimientos de los tratados internacionales y la normativa que dice relación con los derechos humanos”.
Por su parte, el abogado de la Defensoría Penal Pública, Alejandro Vera, explicó que decidió inscribirse en el diplomado, porque trabaja con personas privadas de libertad, a quienes debe apoyar con la protección de sus derechos de garantía y la relación que tienen con la administración penitenciaria en general. “El trato con los internos y la administración penitenciaria es compleja, se evidencian muchas vulneraciones, entonces es fundamental este diplomado para saber cómo apoyar a los internos en la defensa de sus derechos, resguardar sus garantías”.
La actividad contó con la presencia de la jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Carolina Chang; y profesores del programa.
