1.- El Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores ante las manifestaciones estudiantiles que demandan políticas institucionales de igualdad y diversidad, en cada una de nuestras universidades, considera indispensable que las propias comunidades de conformidad con los procedimientos universitarios inicien al más breve plazo un proceso de reflexión y diálogo destinado a encontrar respuestas urgentes y sustantivas, en un marco de respeto al cumplimiento de todas las funciones y tareas de la universidad.
2.- Una de las tareas prioritarias de dicha política institucional debe ser generar, sobre la base del dialogo y la participación, las normas y protocolos destinados a prevenir y sancionar al interior de nuestras casas de estudio aquellas conductas relacionadas con el acoso sexual, la discriminación en razón de sexo, género u orientación sexual y la generación de ambientes sexistas.
3.- Las manifestaciones de protesta que han organizado las estudiantes en varias de nuestras universidades deben ser consideradas como una voz de alerta de un conflicto grave y transversal en toda nuestra sociedad, que debemos atender y encauzar de conformidad con los procedimientos institucionales respectivos, dando lugar a un clima de confianza y auténtica empatía con las denuncias y demandas que dan sentido a dichas manifestaciones. Por la relevancia y densidad de la deliberación que debemos acometer, llamamos a la vez a evitar las vías de hecho y actos de fuerza que actualmente afectan a algunas universidades o unidades académicas.
4.- Con ese mismo propósito llamamos a que tales acciones de protesta, ciertamente legítimas como defensa de la dignidad e integridad moral de toda persona y expresión de reivindicaciones culturales y políticas propias de una sociedad democrática, eviten descalificaciones e imputaciones que dañen el honor y la intimidad de otras personas o vulneren principios jurídicos fundamentales de nuestra convivencia.
5.- Las universidades como instituciones de educación y cultura deben por su propia misión intelectual tener la más plena conciencia de que existen brechas de desigualdad de género transversalmente en toda la sociedad. Que ello no se reduce solo a condiciones que favorecen o hacen invisibles conductas como el acoso sexual. Por esta misma razón, en distintas universidades se han iniciado y logrado procesos institucionales dirigidos a la construcción de una política de igualdad de carácter integral, de la que debe surgir una propuesta de política pública en educación superior, que cuente con la participación y responsabilidad de los órganos públicos pertinentes.
Santiago 16 de mayo de 2018
