La ministra titular, Licenciada en Ciencias del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, Sibel Villalobos Volpi, entregó la Cuenta Pública Territorial 2017 en la Región de Ñuble, actividad desarrollada conjuntamente con la Universidad del Bío-Bío, oportunidad en que se entregaron estadísticas de las causas asociadas a la nueva región.
El Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes, realizó la Cuenta Pública Territorial 2017, correspondiente a la nueva región del Ñuble.
“Aunque en nuestra gestión anterior no existía la Región de Ñuble, nos pareció importante entregar la información respecto de las causas que hemos tramitado en este territorio, para así acercar la justicia ambiental a la comunidad” explicó la ministra Villalobos.
Desde que el Tribunal Ambiental de Valdivia comenzó a funcionar, en diciembre del 2013, ha recibido doce causas correspondientes a la región de Ñuble. De esas doce, dos ingresaron el 2017, y ambas corresponden a reclamaciones de ilegalidad en contra de organismos públicos.
Durante los primeros cuatro años de funcionamiento, el Tribunal ha pronunciado ocho sentencias de causas asociadas a Ñuble. Seis de ellas fueron en reclamaciones de ilegalidad y las otras dos corresponden a demandas de reparación por daño ambiental.
La Cuenta Pública Territorial 2017, región de Ñuble, contó además con un espacio para preguntas de los asistentes sobre el funcionamiento del Tribunal, las atribuciones y competencias, entre otros temas.
El jefe de carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, Dr. Boris Rebolledo Gajardo valoró el interés del Tercer Tribunal Ambiental por realizar el acto junto a la Universidad del Bío-Bío pues estimó que contribuye al proceso formativo de los estudiantes de dicha carrera. “Nuestros futuros egresados son los motores que permitirán ir perfeccionando la legislación ambiental y contribuirán a que los temas ambientales vayan adquiriendo la importancia que merecen”, aseguró.
El Dr. Rebolledo Gajardo comentó que si bien durante el año 2017 el Tribunal conoció 34 causas en toda la jurisdicción, una cifra exigua si se compara con causas del Derecho Penal o Laboral, por mencionar ejemplos, ello no significa que existan pocas vulneraciones al medio ambiente, sino que la normativa y específicamente la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, es relativamente reciente.
“En la medida que la Ley se perfeccione y que los tribunales ambientales y todos los organismos relacionados con la protección del medio ambiente adquieran mayores herramientas y mejor coordinación con las instituciones fiscalizadoras, se logrará una protección del medio ambiente más eficiente”, argumentó.
El jefe de carrera de Ingeniería en Recursos Naturales destacó que si bien las comunidades necesitan un abogado para presentar este tipo de causas, también hay muchos otros tipos de trámites que los egresados de la carrera pueden realizar.
El estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales, Andrés Millanao Cabrera, destacó que la Cuenta fue una oportunidad que permitió visibilizar y transparentar los procesos judiciales en materia medio ambiental que suceden en Ñuble y en los demás territorios bajo la jurisdicción del Tercer Tribunal Ambiental.
“Como Ingenieros en Recursos Naturales nosotros podemos orientar sobre aspectos técnicos que generalmente las comunidades no manejan. En estas causas, como hemos visto, se requiere de estudios científicos que permiten comprobar o descartar situaciones y nosotros estamos capacitados para ello”, precisó.
A su vez, la abogada Andrea Pino Cordero, académica de la asignatura de Legislación en Recursos Naturales de la carrera UBB, aseguró que la Cuenta también permitió a los estudiantes poner en perspectiva el impacto de su quehacer como profesionales.
“Esto les permite ampliar su visión. Los jóvenes poseen una formación científica muy acabada y concreta, pero también es necesario que sean conscientes de los procedimientos jurídicos y de las distintas áreas que convergen en el ejercicio de su profesión. Como decía, deben conocer el lenguaje y las etapas que implica un proceso desde el punto de vista jurídico, porque ellos en el futuro probablemente se verán enfrentados a situaciones en que deberán elaborar informes dentro de plazos determinados, deberán igualmente identificar los tipos de prueba que se admiten, entre otros elementos relevantes de razonamiento jurídico”, argumentó la académica.
