En la sesión de este jueves, el vicepresidente ejecutivo del CRUCH, Juan Manuel Zolezzi, señaló que la resolución de la Contraloría evidencia que “hay cuestionamientos al procedimiento” de fijación de los aranceles regulados que regirán a los grupos de carreras de Derecho, Pedagogía y Servicios Personales para 2022. Además, aclaró que esta situación “no pone en peligro la gratuidad, bajo ningún punto de vista» (…), «en ningún caso hay un riesgo para las y los estudiantes”.
En la ocasión estuvo presente el Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, quien manifestó la voluntad de reunirse con las instituciones que presentaron requerimientos a la Contraloría para que puedan “manifestarnos sus aprensiones o hacernos ver puntos adicionales”.
Por otro lado, las rectoras y rectores hicieron un reconocimiento a la secretaria general del CRUCH, María Elena González, quien deja el cargo en noviembre luego de tres años de gestión.
“Hemos planteado que hay alternativas”, sostuvo el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), el rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, luego que las y los integrantes de la institución revisaran el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la fijación de los valores de los Aranceles Regulados.
Este fue el tema principal de la sesión ordinaria N° 628 del CRUCH, que se realizó de manera híbrida en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Católica (PUC) y marcó el retorno a la presencialidad de las sesiones del CRUCH, que se habían hecho de manera telemática desde marzo de 2020, a causa de la pandemia por Covid-19.
En la ocasión, expuso el abogado Juan Carlos Ferrada, quien realizó las presentaciones del CRUCH ante la Contraloría respecto al procedimiento de emisión de la Resolución N°6687/2019 (por la que se dispuso las primeras bases técnicas para el cálculo de los valores regulados) y N°1742/2021 (por la que se determinan los aranceles regulados). Ambos requerimientos fueron abordados por la CGR en su dictamen N°E147687, del pasado 15 de octubre.
Según planteó el rector Zolezzi, la resolución de la Contraloría evidencia que “hay cuestionamientos al procedimiento” de fijación de los aranceles regulados que regirán a los grupos de carreras de Derecho, Pedagogía y Servicios Personales para 2022. En este sentido, valoró que la CGR haya dispuesto que la Subsecretaría de Educación Superior debe adoptar medidas que permitan subsanar los vicios o irregularidades establecidas.
El rector de la U. de Santiago añadió que “lo que hemos ofrecido es seguir colaborando, como siempre lo hemos hecho, en nuestro rol asesor del Mineduc en los temas de educación superior y en ese marco, la posibilidad de conversar cómo salvamos los puntos de la Contraloría para avanzar, porque eso es lo que nos interesa”.
Además, el rector Zolezzi aclaró que esta situación “no pone en peligro la gratuidad, bajo ningún punto de vista. Esto es una fijación de aranceles que lo que pretende es establecer cuántos recursos se le van a entregar a cada universidad por cada alumno, pero en ningún caso hay un riesgo para las y los estudiantes”.
Solicitud de prórroga
A juicio de Zolezzi, en el proceso de fijación de aranceles “falta mirar el conjunto completo. Nunca hemos visto qué pasa con las otras carreras: ingeniería, ciencias, administración, ciencias sociales, porque las universidades no solo son pedagogía o derecho, sino que son varias. También falta considerar los costos de investigación y los aportes indirectos de investigación y extensión”.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo alterno del CRUCH, el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, sostuvo que “lo que ocurre es que en algunas instituciones esta situación tiene más impacto que en otras (…) También está en juego cómo se seguirán analizando los aranceles regulados para el resto de las carreras. Ojalá pudiéramos tener luego una mirada más amplia sobre la estructura de aranceles regulados para todos los programas, porque las universidades no tenemos solo dos o tres carreras”.
En tanto, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, anunció que el Mineduc abrirá un periodo de audiencias, “para que todas las instituciones que hayan presentado requerimientos a Contraloría puedan reunirse con nosotros, manifestarnos sus aprensiones o hacernos ver puntos adicionales, de manera que después de ese periodo de audiencias, hagamos los ajustes necesarios para que los aranceles entren en vigor”.
Por otro lado, el rector Zolezzi explicó que “en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos hemos pedido una prórroga (de la aplicación de los aranceles regulados), dado que no está clara la situación para el próximo año”.
Los cuestionamientos de la Contraloría
Previamente a la fijación de aranceles regulados, en CRUCH había emitido una declaración pública que advertía que la metodología implementada por la Subsecretaría de Educación Superior para este propósito “no reconoce la heterogeneidad del sistema de educación superior chileno, donde una misma carrera es impartida por universidades con distintas estructuras de financiamiento, calidad y naturaleza de la docencia, ubicadas en contextos regionales y territoriales también diversos”.
En este contexto, el dictamen N°E147687 de la CGR sostiene que la Subsecretaría de Educación Superior no permitió la participación efectiva de las instituciones académicas durante el proceso de levantamiento de información, especialmente al no entregar las memorias de cálculo que permitían replicar, verificar y validar las operaciones.
El órgano contralor cuestiona que las bases técnicas no permiten saber por qué la Subsecretaría rechazó las observaciones planteadas por la Comisión de Expertos creada por la Ley N° 21.091 para participar en este procedimiento específico. También se señala que la Subsecretaría se limitó a explicar sólo en forma genérica los criterios que utilizó para seguir las directrices de la Comisión, sin que se pueda comprender claramente la metodología utilizada, apartándose de las bases técnicas al crear los grupos especiales y alterando la metodología de agrupación que los expertos habían aprobado.
También se plantea que en las bases técnicas no se previó una agrupación de carreras en función a la estructura de costos similares, porque que se consideró únicamente la estructura curricular de las mismas -aun cuando algunos factores fueron incorporados en la metodología como ponderadores-, lo que contradice lo establecido en la Ley N°21.091 sobre Educación Superior.
Asimismo, la Contraloría cuestionó que la Subsecretaría de Educación Superior, luego de aprobar las bases técnicas, formó grupos especiales de carreras que alteraron el modelo previamente definido, sin aplicar tampoco todos los factores establecidos en la ley.
Despedida de la secretaria general
Durante la sesión, el pleno de rectoras y rectores hizo un reconocimiento a la secretaria general del CRUCH, María Elena González, quien dejará sus funciones en noviembre, luego de que su cargo no fuera renovado por el Ministerio de Educación, a pesar del respaldo y apoyo unánime de los rectores y las rectoras, y de reiteradas solicitudes para que se revirtiera dicha decisión.
Los rectores Juan Manuel Zolezzi e Ignacio Sánchez, a nombre del Consejo, valoraron el aporte de la secretaria general al CRUCH en los tres años que desempeñó esta labor, que permitieron avances significativos. Además, destacaron su excelencia profesional y su calidad humana, reflejadas en su compromiso y vocación pública.
Por su parte, María Elena González manifestó que “siempre ha sido un agrado trabajar con y para el Consejo. Yo creo en el Consejo de Rectores, en la importancia que tiene y en lo trascendente que puede ser para la educación superior del país (…) Ha sido un privilegio trabajar acá y he aprendido mucho”.
La rectora Elisa Araya (U. Metropolitana de Ciencias de la Educación) y los rectores Patricio Sanhueza (U. de Playa Ancha), Claudio Elórtegui (P. U. Católica de Valparaíso), Darcy Fuenzalida (U. Federico Santa María), Ennio Vivaldi (U. de Chile), Christian Mellado (U. C. de la Santísima Concepción), entre otros, también se refirieron con palabras elogiosas a la gestión de María Elena González.
