La directora general de Géneros y Equidad, Dra. Alicia Hermosilla Ávila, precisó que, desde el 14 de septiembre recién pasado, la Universidad cuenta con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación arbitraria por razones de sexo/género, que contempla un modelo de prevención, un modelo de investigación, sanción y reparación, y una estrategia de monitoreo y evaluación. De este modo se da cumplimiento a la Ley 21.369, que exige a las instituciones de educación superior, entre otros aspectos, la creación de unidades especializadas y la ejecución de modelos de prevención y sanción construidos participativamente.
La Dra. Alicia Hermosilla señaló que la Ley 21.369 se promulgó en septiembre de 2021 y entró en vigencia el 15 de septiembre de 2022, fecha en que las instituciones de educación superior debían contar con políticas integrales sobre el tema, constituyéndose en un requisito indispensable para la acreditación.
En esta línea, la Dra. Hermosilla Ávila manifestó que la Universidad, a través de la Dirección General de Géneros y Equidad, asumió este compromiso a través del Decreto Universitario Exento N°6365, que presenta la política integral que contiene y regula las acciones focalizadas en el Modelo de Prevención, el Modelo de Investigación, Sanción y Reparación y la Estrategia de Monitoreo y Evaluación, para avanzar hacia cambios estructurales y culturales con miras a construir una institución más justa y con espacios plenos en armonía para el desarrollo de la comunidad.
La Dra. Alicia Hermosilla explicó que la política considera acciones que permiten la prevención de conductas, así como procesos de investigación y sanción de éstas, sin revictimización de las personas afectadas, apuntando a procesos integrales de reparación.
“Esto brinda un marco para implementar estrategias institucionales y comunitarias, junto con instaurar garantías institucionales que velen por procesos de investigación, sanción y reparación con perspectiva de género”, ilustró.
Fruto de un trabajo participativo
Una de las fortalezas de la política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género de la Universidad del Bío-Bío, consiste en su carácter de construcción participativa, incorporando las distintas visiones estamentales.
“La política se redactó considerando los resultados de una consulta universitaria denominada ‘Percepciones y acciones en torno al acoso sexual, violencia y discriminación de género’. Eso permitió levantar información actualizada desde diversos ámbitos. Asimismo, hubo mesas de trabajo que complementaron y robustecieron la perspectiva de los/as participantes de los distintos estamentos. Hay que precisar que cuando se habla de violencia no solo se alude a la de carácter físico, sino que también sexual, de hostigamiento, acoso sexista y discriminaciones arbitrarias que excluyan, menoscaben o invisibilicen a las personas por razones de género”, describió la directora general de Géneros y Equidad.
Alcance de la política
Según se indicó, la política integral regirá a todos/as quienes integran la comunidad Universitaria: estudiantes de pregrado y de postgrado, estudiantes del sistema de formación continua, funcionarios/as administrativos/as, funcionarios/as académicos/as, personas vinculadas por contratos de prestaciones de servicio, y toda persona que se relacione con la Universidad cualquiera sea su vínculo contractual.
“La Política Integral sistematiza, organiza y mide los impactos que generarán las acciones orientadas a la prevención, la investigación, sanción y reparación contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación por razones de género. Ciertamente, esperamos que se active el diálogo cultural y la reflexión pertinente sobre estas temáticas, con el propósito de generar una convivencia basada en buenas prácticas amparadas en los valores del respeto y el trato igualitario”, reflexionó la directora general de Géneros y Equidad, Dra. Alicia Hermosilla.
En tanto, el asesor jurídico de Dirgegen Alen Alegría Vásquez, señaló que desde 2018 “la Universidad del Bío-Bío comenzó a trabajar en lo que hoy es la Dirección General de Géneros y Equidad. Ahora bien, el decreto de la política integral contra el acoso sexual, la violencia y/o discriminación por razones de sexo/género, además de dar cumplimiento a lo solicitado por la Ley 21.369, representa un nuevo paso para avanzar en la instalación de una cultura universitaria comprometida en el abordaje de las violencias de género y su erradicación”, aseveró.
