El martes recién pasado, asistimos al acto celebrado en la Universidad de Santiago de Chile en que el Presidente Gabriel Boric, acompañado por algunos de sus ministros, firmó el proyecto de ley para eliminar el crédito con aval del Estado (CAE) y reemplazarlo por un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior (FES). La propuesta -que el mandatario había anunciado previamente por cadena nacional y que “establece un nuevo instrumento de financiamiento para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de la deuda educativa”- nos parece muy positiva en varios de sus aspectos.
En primer lugar, porque busca solucionar la situación de endeudamiento y morosidad que afecta a muchas personas y familias, a través de condonaciones flexibles y reprogramaciones de deuda, poniendo el foco en los y las estudiantes. Desde el Gobierno aseguran que el nuevo sistema FES propiciará una mayor eficiencia en el gasto del Ministerio de Educación, que el 2023 destinó más de 259 mil millones de pesos al pago de garantías del CAE, según datos de la Comisión Ingresa.
La cifra es significativamente superior a los 166 mil millones registrados el año anterior y respalda la opinión de quienes argumentan que el actual modelo resulta insostenible en el tiempo. En efecto, gobiernos anteriores también presentaron propuestas de cambio al CAE y ya han surgido voces que advierten de las similitudes con la iniciativa presentada este martes, aunque igualmente se recalca que hay diferencias conceptuales de fondo. De cualquier forma, es de esperar que, cualquiera sea su naturaleza, estas coincidencias contribuyan a acercar posiciones para un sano y fructífero debate parlamentario.
Nos parece muy positivo también que la propuesta del nuevo FES incorpore la transparencia activa y rendición de cuentas para todas las instituciones, tal como ya sucede con las universidades del Estado. Resulta del todo razonable que, si se va a disponer de recursos fiscales para financiar a jóvenes que cursan sus carreras en centros de estudio privados, se fijen regulaciones que permitan asegurar su buen uso y evitar abusos o eventuales vulneraciones a la ley.
Valoramos igualmente que en el nuevo modelo de financiamiento se contemple cubrir un año adicional de estudios sobre la duración formal de las carreras, un tema que rectores y rectoras hemos solicitado. Buena parte del estudiantado no se titula en los plazos nominales y el que gratuidad se otorgue sólo por ese período, genera un efecto colateral que se ha ido acumulando y que está afectando negativamente a las instituciones.
Actualmente, el sistema universitario presenta condiciones financieras muy sensibles y hay universidades que están sufriendo problemas económicos por la gratuidad, entre otros factores. Esperamos que el proyecto del Presidente Boric y su tramitación legislativa no las tensione aún más. Sabemos que los cambios tendrán diferente impacto en las distintas instituciones y confiamos en que el resultado final de la iniciativa logre conjugar el alivio para las personas y las familias con la sustentabilidad, desarrollo y autonomía de las universidades.
El Sur de Concepción, 14 de octubre de 2024
