En sesión realizada el jueves 5 de junio, en Chillán, la Honorable Junta Directiva aprobó el proyecto impulsado por la Rectoría para la creación de la Fiscalía General Transitoria, instancia previa a la Fiscalía Universitaria.
Según los nuevos estatutos de nuestra Universidad, el órgano se encargará de sustanciar, en forma exclusiva, los procedimientos destinados a investigar eventuales responsabilidades administrativas o estudiantiles del personal universitario y de sus estudiantes. La normativa orgánica establece, además, que en la Fiscalía Universitaria deberá haber, a lo menos, un o una fiscal especialmente capacitado o capacitada para efectuar investigaciones en materia de acoso laboral o sexual.
El rector Dr. Benito Umaña Hermosilla valoró la decisión adoptada por la Junta Directiva en relación a una iniciativa de gran relevancia para nuestra Universidad. La Fiscalía es un órgano independiente, que impulsará una mayor eficiencia y agilidad de los procesos investigativos. Responde así a una histórica aspiración de la comunidad UBB y contribuirá a generar entornos laborales y universitarios más sanos y satisfactorios, expresó.
Por su parte, el director general Jurídico Alberto Arévalo Romero explicó que el reglamento que fijará la dependencia de la Fiscalía Universitaria y las normas básicas para su organización, dotación y funcionamiento debe ser aprobado por Consejo Superior de la Universidad, a propuesta del rector. Dado que este cuerpo colegiado aún no se constituye, en una etapa previa, la Honorable Junta Directiva aprobó la propuesta para la creación de una Fiscalía General Transitoria, bajo la coordinación de la Dirección General Jurídica (DGJ), precisó el abogado.
El proyecto aprobado señala que la nueva Fiscalía se encargará de “dirigir en forma exclusiva y estratégica todas las investigaciones disciplinarias ordenadas instruir por la autoridad, procurando en ello preservar los principios que rigen a esta unidad, en especial los de eficiencia, confidencialidad, celeridad y el debido proceso, en concordancia con las políticas y disposiciones legales vigentes, con el fin de asegurar la consolidación de los objetivos institucionales, como son el respeto y promoción de los derechos humanos, la ética y la justicia social, entre otros”.
Para el desarrollo de las investigaciones, el o la fiscal designará a un actuario o actuario, que puede ser cualquiera o cualquier funcionario de la institución, e informará permanentemente a la autoridad del avance de los procedimientos asignados. Una vez concluida la investigación, propondrá a la autoridad el sobreseimiento del proceso o la formulación de cargos. En este último caso, recibirá y evaluará los descargos y/o pruebas. Como término del procedimiento, deberá pronunciarse proponiendo a la Rectoría o a la autoridad que corresponda, una sanción para las o los inculpados o su absolución.
La Fiscalía Universitaria estará a cargo de un o una fiscal jefe y compuesta además por un o una fiscal especialista en materias de género y un o una fiscal que llevará adelante otros procesos disciplinarios. En la Fiscalía General Transitoria, estas tareas serán proveídas a través de la asignación de funciones a trabajadores o trabajadoras de la Universidad, quienes dejarán de servir sus funciones originales, sin que ello implique la creación de cargos ni modificar la planta universitaria. Este órgano transitorio no contará con un o una fiscal jefe, sino con la coordinación del director general jurídico.
Cabe señalar que, actualmente, casi la totalidad de las investigaciones disciplinarias son asignadas a abogados o abogadas de la DGJ, exceptuando las de género. Así, en el período 2020-2024, de 90 procedimientos instruidos, 60 fueron asignados a profesionales de esta Dirección, 7 a otros funcionarios o funcionarias y 23 a las fiscales de género. De esos 90, 46 están pendientes de término.
