Anunciado por el presidente Gabriel Boric a través de una cadena nacional en octubre de 2024, el proyecto de ley que establece un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, conocido como Proyecto FES, ha sido blanco de opiniones contrapuestas. Mientras hay quienes sostienen que la propuesta apunta en la dirección correcta, del otro lado se advierte sobre el impacto que podría tener en el sistema y las futuras generaciones de profesionales. La iniciativa fue aprobada en particular por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados en abril, para ser despachada a la Comisión de Hacienda de la misma cámara, a la que el Ejecutivo recientemente hizo llegar las indicaciones con las que se busca recoger los reparos planteados.
El intenso debate legislativo -así como el que se ha dado a través de numerosas columnas y cartas publicadas por los medios de comunicación- da cuenta del interés que el proyecto despierta tanto a nivel institucional como de especialistas, las familias y las personas. Estamos frente a un asunto que no resulta indiferente para muchos chilenos y chilenas y, ciertamente, apreciamos el objetivo del Gobierno de avanzar hacia una administración más coherente de los recursos públicos y de fortalecer el modelo de financiamiento estudiantil, dejando atrás el crédito con aval del Estado (CAE), que presenta deficiencias estructurales. Reconocemos también la apertura del Ejecutivo y su disposición al diálogo para perfeccionar la propuesta, reflejadas en el ingreso de las indicaciones.
Los efectos del Proyecto FES en las instituciones son mixtos y su implementación debe balancear un sistema de financiamiento estudiantil justo y eficiente con la necesidad de asegurar el desarrollo de los distintos centros de estudio, cautelando su diversidad, complejidad y autonomía. Con ese horizonte organizaciones como el Consejo de Rectoras y Rectores de Chile, el Consorcio de Universidades Estatales, la Agrupación de Universidades Regionales y el G9 han trabajado con el Ministerio de Educación. En ese marco, valoramos que se hayan acogido planteamientos como la flexibilidad en el porcentaje de cobertura al que pueden optar las y los estudiantes y el establecimiento de un tope a la retribución futura, de tal manera que no resulte excesiva, sin dejar de ser solidaria.
Son señales positivas, que atienden temas importantes desde la perspectiva estudiantil, pero aún quedan espacios de mejora para la promoción y resguardo de las instituciones. En este sentido, hacemos nuestro el llamado del Consejo de Rectoras y Rectores e instamos a que el ahorro fiscal derivado de la implementación del nuevo modelo de financiamiento sea reinvertido en el sistema educativo, garantizando que los recursos públicos cumplan su propósito de fortalecer la calidad y la equidad en la educación superior.
Sin duda, el Proyecto FES tiene aspectos positivos en relación a la actual situación del financiamiento estudiantil vía CAE, que estimamos insostenible, y esperamos que el espíritu constructivo prime en lo que resta de la tramitación del proyecto. Para ello hay que mantener los espacios de diálogo que hagan posible llegar a acuerdos y avanzar en una iniciativa que atienda las aspiraciones de las y los estudiantes y que fortalezca las capacidades institucionales para responder a las demandas nacionales en formación, investigación y vinculación con el medio. Necesitamos una mirada integral, de mediano y largo plazo, del financiamiento de la educación superior en Chile y ésta puede ser una gran oportunidad para caminar en ese sentido.
El Sur de Concepción y Crónica de Chillán, domingo 3 de agosto de 2025
