En un contexto de creciente desconfianza institucional y demandas ciudadanas por mayor transparencia, las universidades públicas deben reafirmar su rol como referentes éticos en la sociedad. El sentido de una Universidad pública es claro y profundo -servir al bien común- y no puede entenderse al margen de la probidad y la integridad. No basta con formar profesionales, publicar investigaciones o vincularse con el medio. No se trata solo de cumplir procedimientos. Hay que hacer lo correcto y actuar con coherencia.
En Chile, donde persisten grandes desigualdades, la equidad debe guiar el quehacer de la universidad pública como agente real de inclusión. La gestión universitaria, en todos sus niveles, debe estar orientada por principios que aseguren el respeto a la dignidad de las personas, la equidad en el acceso, la transparencia en la administración de recursos y la responsabilidad con la sociedad. Esto se traduce en eliminar sesgos, privilegios o barreras injustas en la admisión y trayectorias de nuestros estudiantes, la contratación de personal, la asignación de apoyos y la toma de decisiones estratégicas con una rendición de cuentas efectiva hacia la comunidad.
La transparencia constituye un principio irrenunciable. Administrar recursos del Estado con probidad es un acto de respeto hacia la ciudadanía que, con sus impuestos, hace posible el funcionamiento de la universidad. La rendición de cuentas debe ser permanente, accesible y comprensible. Informes financieros, licitaciones, procesos de evaluación y políticas internas deben estar disponibles para el escrutinio de la comunidad.
La participación es también una expresión de compromiso ético. Una universidad no se gestiona desde el control individual ni desde estructuras cerradas, sino que debe construirse a través del diálogo con sus comunidades internas y externas. Estudiantes, académicos, funcionarios y actores del entorno necesitan contar con espacios reales de participación que les permitan incidir en las decisiones. La democracia universitaria no puede limitarse a lo formal; debe practicarse, fortalecerse y sentirse en la vida cotidiana de la institución.
La integridad académica no se discute. Es la piedra angular sobre la que se construye la Universidad, la que consolida su legitimidad como espacio de creación y transmisión de conocimiento. Prácticas como el plagio, la manipulación de datos, el uso indebido de resultados o la presión inapropiada sobre estudiantes o colegas dañan profundamente la legitimidad institucional. Una universidad debe garantizar la libertad de pensamiento, pero también establecer límites firmes frente a la deshonestidad y el abuso de poder.
La ética universitaria no debe ser solo una declaración de principios, sino una práctica diaria. Tiene que vivirse en la sala de clases, en la oficina, en las decisiones grandes y pequeñas. Los estudiantes no solo aprenden contenidos, también ven ejemplos. Y necesitan confiar en quienes les enseñan.
