La polémica por los dichos de una concejala de Chillán, quien en sesión del concejo municipal se refirió a la comunidad gitana como “plaga” —expresión luego calificada, desde su sector, como un “error conceptual”— abre una discusión que excede un desliz individual. Lo ocurrido obliga a reflexionar sobre el tipo de discurso instalado en el debate público y sobre cómo, a través de las palabras —y de las acciones que habilitan—, se representan ciertas problemáticas.
Las palabras no son neutras. En política, el lenguaje no solo describe, también contribuye a definir cómo interpretamos los problemas y qué tipo de soluciones imaginamos frente a ellos. Utilizar la categoría de “plaga” para referirse a un grupo humano activa una lógica de deshumanización que históricamente ha acompañado distintos procesos de exclusión. El término suele asociarse a fenómenos que deben ser erradicados o controlados —como enfermedades o infestaciones—.
El problema de estas representaciones simplificadas no radica únicamente en su carácter ofensivo, sino también en sus efectos polarizadores sobre el debate público. Cuando este tipo de categorías se instala en la discusión política institucional, el foco tiende a desplazarse desde la precariedad urbana, la informalidad o la ausencia de políticas efectivas de seguridad ciudadana hacia la esencialización de ciertas identidades presentadas como inherentemente incívicas, más aún cuando proviene de autoridades en ejercicio.
Reconocer esta dimensión discursiva no implica negar que en la ciudad existen conflictos reales de convivencia y civilidad. Las ciudades son espacios donde convergen trayectorias múltiples, y esa diversidad inevitablemente produce tensiones. Los conflictos son reales, pero los marcos discursivos que utilizamos para explicarlos pueden reforzar prejuicios o invisibilizar responsabilidades institucionales, como las que corresponden a los municipios y al Estado ante estas situaciones.
Por lo mismo, este episodio no debiera interpretarse únicamente como un problema individual o de inexperiencia juvenil, como se ha intentado instalar. También refleja, en parte, un cambio en el clima discursivo de la época: prejuicios que antes podían pensarse, pero difícilmente decirse en público, comienzan hoy a expresarse con cada vez menos reparos en espacios institucionales de decisiones colectivas. Cabe esperar, sin embargo, que este tipo de expresiones no termine convirtiéndose en una línea de gobernanza que responda al tono político del momento ni a eventuales voces de mando que pudieran instalarse desde la nueva configuración política regional.
Porque cuando los actores políticos comienzan a nombrar personas como “plagas”, lo que está en juego no es solo una palabra “mal utilizada” tras el cuestionamiento mediático. Lo que se pone en riesgo es la calidad del debate público y la forma en que nuestras autoridades están pensando —y ejerciendo— las soluciones.
Si existe una plaga que debiera preocuparnos, es el simplismo y el prejuicio en el ejercicio político institucional, que poco a poco termina degradando aún más una convivencia democrática ya tensionada.
