El reconocimiento y los nuevos desafíos que presenta la Ley 21.094 sobre Universidades Estatales abordó el rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Aldo Valle Acevedo, en la charla que dictó el viernes 2 de agosto, en el Aula Magna de la sede Concepción. La exposición fue parte del ciclo programado por la Rectoría de nuestra casa de estudios, para orientar el proceso de formulación del próximo Plan General de Desarrollo Universitario, PGDU 2020.
En la oportunidad el rector Mauricio Cataldo agradeció a Aldo Valle por compartir con la comunidad UBB su visión y experiencia tanto en la conducción de una Universidad estatal y regional, como en el trabajo con otras instituciones de educación superior. Se trata, sin duda, de un valioso aporte para el trabajo de elaboración del nuevo PGDU que estamos llevando adelante, indicó.
Por su parte el rector Valle destacó que las universidades estatales coinciden en ideales y proyectos, al igual que en sus preocupaciones y aprehensiones. Agregó que la deliberación estratégica para diseñar el plan de desarrollo, así como la reforma de los estatutos orgánicos, son iniciativas importantes que deben contribuir a consolidar los niveles alcanzados por nuestra Universidad.
En su intervención, Valle destacó primero que la Ley 21.094 supone un reconocimiento a las universidades estatales, puesto que fija y releva su domicilio tras muchos años de ser tratadas como las demás universidades u otros órganos intermedios de la sociedad, más aún en un escenario de gran oferta privada. Pero junto con este reconocimiento, advirtió que la normativa les plantea nuevos desafíos y exigencias en términos de misión, principios, condiciones, quehacer y capacidad de respuesta.
La autoridad universitaria precisó que el contexto pre reforma se caracterizaba por una creciente privatización y desregulación y la carencia de instancias para la definición de objetivos y fines comunes, que orientaran el desarrollo de la educación superior a largo plazo. La educación era vista como parte de la esfera reservada al mercado y, en este marco, nuestras universidades se vieron expuestas a distintas amenazas y el olvido del Estado, indicó. Añadió que la reforma plantea un mandato explícito en cuanto a la misión y principios de las universidades estatales, establece un nuevo régimen orgánico común, genera instrumentos específicos para ellas y les exige un quehacer articulado, todo lo cual impacta en los planes de desarrollo institucional.
La nueva política pública impone a las universidades la constitución de un sistema y la coordinación con el Estado y entre instituciones, lo que implica generar una cultura de colaboración y una nueva forma de convivencia. Asimismo, obliga a la pertinencia territorial del quehacer de las universidades estatales. Debemos contribuir al desarrollo de nuestros entornos, aportando en transferencia e innovación, vinculándonos con el sector productivo y regionalizando la producción de conocimiento, puntualizó.
En cuanto a la adecuación de sus estatutos orgánicas -que la ley también dispone-, señaló que constituye una oportunidad para la modernización institucional y debe responder a procesos de legitimación participativa, que aseguren la autonomía universitaria y den cuenta de la responsabilidad públicas de las comunidades educativos.
Señaló también que las universidades deben aportar a la deliberación democrática y contribuir a la formación en ciudadanía y pensamiento crítico. Agregó que las universidades deben expresar el desarrollo de la cultura cívica y moral de la sociedad, por lo que el respeto a la persona es un imperativo ético superior, que debe evidenciarse tanto en los procesos formativos como en su funcionamiento.
Respecto de la gratuidad, la calificó como una política pública contra hegemónica pero con un diseño defectuoso. Se refirió a las restricciones y desventajas de financiamiento para las universidades estatales.
