“Agronegocio y embalses en Chile” se denominó el conversatorio organizado por la Escuela de Trabajo Social de la sede Concepción, que tuvo como participantes a la académica de la Universidad Católica del Norte, Dra. Dámare Araya; la representante de la comunidad de Palquico (Embalse Las Palmas), Pamela Provoste; la integrante del movimiento Somos Diguillín (Embalse Zapallar), Karen Troncoso; y la activista social, ambientalista y política, vocera del movimiento social en Defensa del Río Ñuble, Constanza Aguilera.
En un escenario cada vez más complejo respecto a la situación climática y sociecológica, necesitamos más democratización respecto a los usos y el futuro de nuestras aguas, expresó el académico de la Escuela de Trabajo Social, Dr. Alexander Panez. Agregó que los ríos, y las aguas en general, son las venas de los territorios y el embalse interrumpe eso, con todas las consecuencias medioambientales y para los habitantes que muchas veces son desalojados de sus tierras. “Los embalses son una respuesta del siglo XX con gran infraestructura, tecnología y una gran obra ingenieril, pero no se puede hacer una gran obra sin entender como funcionan los territorios”.
Sostuvo que internacionalmente hay consenso en las soluciones hídricas basadas en la naturaleza. Algunos ejemplos posibles serían la recarga artificial de aguas subterráneas para que las reservas de aguas se puedan mantener; la captación de aguas lluvia, que facilitan mayor autonomía y fortalecer la gestión comunitaria, en el caso de familias que viven en sectores rurales muy alejados; y construir pequeños embalses fuera del lecho del río, sin cortar el flujo del agua.
Asimismo, destacó la labor de los y las activistas que investigan y dan a conocer las propuestas que se nacen en el territorio, pero están invisibiliadas. Una de ellas es Karen Troncoso, integrante del movimiento Somos Diguillín. Desde su perspectiva, todo embalse genera repercusiones desbordantes e incalculables, ya que afecta e interrumpe toda forma de vida y comunidades en todas sus dimensiones. “Juega con la esperanza de la población que necesita el agua para sostener la agricultura familiar campesina, genera una irrupción en su cotidianidad al verse involucradas en procesos de negociación, reunión y capacitación de competencias técnicas y altamente complejas a nivel académico, para poder ser parte de instancias oficiales del proceso de participación ciudadano que resulta poco informativo, nulamente vinculante y evidencia la gran desigualdad y abandono en materias de justicia ambiental que sostienen los mega proyectos extractivistas”.
Por otra parte, afirmó que fragmenta un territorio y fractura el tejido social generando migración y desplazamiento forzoso de familias ancestralmente campesinas contribuyendo a la, ya grave, crisis migratoria, alimentaria y sanitaria interna que existe en nuestro país y conlleva a la extinción de forma de vidas como la arriera y campesina de alta cordillera, que cuentan con una alta capacidad de autogestión y no dependencia del asistencialismo estatal.
Finalmente, aseveró que es urgente un cambio constitucional que determine al agua, en todos sus estados, como un bien común, inapropiable y que garantice su acceso como derecho humano y reconozca a la naturaleza como titular de derecho, donde la protección y restauración ecosistémica sea un lineamento esencial para el desarrollo de la matriz productiva de nuestro país. “Se debe otorgar, además, mayor gestión y gobernanza local a los territorios para que en función de las necesidades reales de una comunidad se gestione, de manera integrada, una cuenta y las capacidades hidrosociales del lecho de un cuerpo de agua”.
