En el marco de la asignatura de Currículo y Evaluación Educacional, dictada por la académica del Departamento de Ciencias de la Educación, María Teresa Castañeda, equipos compuestos por estudiantes de ambas carreras, representaron los roles de Fiscalía y Defensa, simulando un juicio oral en la forma, e incluso, contando con la colaboración del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán. Mientras la Fiscalía sostenía que la evaluación educativa no cumple con los objetivos que ella misma se impone, la Defensa argumentaba que no se debe confundir la evaluación propiamente tal, con las malas prácticas educativas.
Lograr que los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía, y de Castellano y Comunicación comprendieran adecuadamente los conceptos relativos al currículo y la evaluación educacional, y que dichos conocimientos les permitieran elaborar argumentos en un contexto de juicio oral, fue el principal objetivo propuesto por la actividad desarrollada en dependencias de la Sala Audiencia del 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán.
La académica organizadora de esta innovadora práctica, María Teresa Castañeda, explicó que la actividad se viene desarrollando desde hace 6 años en el marco de una asignatura del área de Formación Pedagógica, denominada Currículo y Evaluación Educacional. “En su diseño se ha considerado la integración de fundamentos teóricos de la enseñanza contextualizada, el aprendizaje situado y distribuido, y el desarrollo de competencias comunicativas. Como estrategia, la litigación es una forma específica de debate en que compiten 2 antagonistas que buscan la aprobación de un juez o jurado. Su estructura y etapas resultan de una adaptación al contexto de la sala de clases de los juicios orales en el marco de la reforma al sistema procesal penal chileno (Fuentes, Chávez, Carbonell y Coquelet, 2004)”, aseveró la educadora.
“En 6 años consecutivos de aplicación de la estrategia, la evaluación es excelente. Los estudiantes se motivan por aprender, asumen el desafío que conlleva producir, distinguir, comprender y hasta evaluar discursos argumentativos escritos y orales, coherentes con el conocimiento científico. Desarrollan habilidades sociales, de trabajo en equipo y sobretodo habilidades comunicativas. Estas últimas, resultan claves en el ejercicio de la profesión docente por cuanto la enseñanza es básicamente un proceso comunicativo de persuadir y convencer al aprendiz”, valoró la académica María Teresa Castañeda.
La actividad fue posible a través de la coordinación con la jefe de la Unidad de Testigos y Peritos del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, Myriam Inés Jara Gutiérrez. “Esta actividad se desarrolló con la autorización del Administrador del Tribunal, don Carlos Rojas Cristi, con la coordinación de la suscrita y con la participación activa de nuestro Administrativo 1° don Gonzalo Riquelme Alvear, abogado. Esto, bajo el marco de las Metas de Gestión de Tribunales, dictadas por la Excelentísima Corte Suprema en su Programa Marco 2016, en lo referido a la meta que mide la vinculación con el medio, que consiste en facilitar el acceso a la justicia a la ciudadanía y ser reconocidos por la opinión pública como una institución cercana, preocupada por la justicia y que mejora constantemente la tutela judicial. Esto se concreta con encuentros de difusión de la labor de gestión del Tribunal efectuados a grupos sociales objetivos”, manifestó Myriam Jara Gutiérrez.
La experiencia de los litigantes
Los estudiantes de Pedagogía en Castellano y Comunicación Víctor Salazar Luna y Daniel Bustos Villarroel, formaron parte del equipo de la Fiscalía, que de acuerdo al juicio de ficción acusaban a la evaluación educativa de un total de 17 cargos, que apuntaban fundamentalmente a restarle mérito como proceso evaluador, incumpliendo los objetivos que ella misma se impone a través de leyes y reglamentos.
“Argumentamos que la evaluación es culpable de 17 cargos. Estimamos que la evaluación no cumple con los propósitos que se ha propuesto para sí misma. Fuimos un poco más allá y dijimos que generalmente la evaluación no lo hacía, estableciendo que en realidad es mínimo el porcentaje de lo que la evaluación cumple respecto de los propósitos iniciales que tiene, tanto en la teoría como en la práctica”, esgrimió Daniel Bustos.
En tanto, Víctor Salazar valoró el hecho que la actividad, aún cuando no implicó una evaluación formal en términos de obtener una nota, sí concitó el interés y compromiso de los estudiantes de ambas carreras, quienes debieron investigar acuciosamente, trabajar en equipo y prepararse con esmero para defender cada una de las tesis en juego. “Queremos agradecer a la profesora María Teresa Castañeda por generar estas instancias que escapan al canon de evaluación. No es una prueba escrita, no es una disertación sino que es una experiencia completamente nueva”, aseveró.
“Nos vimos enfrentados a un escenario que es completamente nuevo para nosotros, como es la formalidad que implica un juicio oral. En ese sentido, más allá del resultado, creo que tanto la Defensa como la Fiscalía, junto a los equipos de trabajo que están detrás de quienes debimos presentar oralmente, cumplimos con una labor extensa bastante compleja, que nos deja muy satisfechos respecto del desempeño”, ilustró Daniel Bustos.
Por su parte, el representante del equipo de la Defensa, el estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía, Cristóbal Catejo Chacón, dio cuenta de la tesis central de su equipo, que hizo ver que la evaluación educativa en sí es más que necesaria, y que las discrepancias surgidas se deberían más a las denominadas “malas prácticas educativas”, situación ajena al juicio en cuestión.
“Como equipo de Defensa siempre sostuvimos la presunción de inocencia de la evaluación educacional. La Fiscalía centraba sus argumentos en atacar la puesta en práctica de un instrumento de evaluación y no la evaluación propiamente tal; ciertamente, reconocemos que hay problemas en las prácticas educativas, pero entendemos que un instrumento de evaluación es neutro en sí mismo, entonces, no es un problema de instrumentos hechos por expertos, sino que en este caso pasa por un problema de aplicación. Esto se vincula con malas prácticas educativas que se deben corregir, pero eso sería motivo de otro juicio”, describió.
“Si bien el juicio demoró cerca de tres horas, aquí hubo mucho trabajo previo considerando la búsqueda de información, elaboración de argumentos y tesis, búsqueda de autores relevantes, contextualización de la situación, entre otras tareas. Es bastante complejo, no es sencillo, por eso quiero destacar la colaboración de todo un curso que está detrás. Fuimos tres los que iniciamos la defensa y otros tres oficiaron como testigos, pero el resultado fue fruto del trabajo de todo un curso”, manifestó Cristóbal Catejo.
Finalmente, fueron los argumentos y tesis del equipo de la Defensa los que prevalecieron, declarándose a la evaluación educativa inocente de los 17 cargos formulados en su contra.
