Hay aspectos en los que se cumple con lo prometido en el programa de Gobierno, pero en otros se advierten insuficiencias o poca profundidad y, en definitiva, no hay un cambio de paradigma en la mirada a la educación superior.
Es el juicio del rector de la Universidad del Bío-Bío Héctor Gaete Feres sobre el proyecto de ley para la reforma del sistema, que el Ejecutivo envió esta semana al Congreso. La autoridad universitaria valoró la presentación de la iniciativa, señalando que el país necesitaba una base sobre la cual trabajar, más aun considerando que el proyecto debía estar hace ocho meses y se postergó en varias oportunidades. La Presidenta tiene derecho a plantear su propuesta y los sectores involucrados, así como la ciudadanía en general, podemos evaluarla, contrastándola con los objetivos comprometidos y la ruta para alcanzarlos, entendiendo que las condiciones pueden cambiar en el camino, agregó.
En este marco, el Rector puntualizó los temas en los que se registran avances: Se inició la gratuidad y se ha fijado una fórmula para ampliarla gradualmente; se crearon universidades estatales en las regiones de Aysén y O´Higgins; se constituyó un fondo, a través de un convenio marco, para los planteles universitarios del Estado y se ha propuesto un sistema de admisión único y la acreditación obligatoria. Sin embargo, sostuvo Gaete Feres, no hay coherencia entre lo prometido y lo que señala el proyecto de ley en torno a la eliminación del lucro. Si bien refuerza su prescripción en el caso de las universidades, no lo prohíbe en los institutos profesionales ni los centros de formación técnica que no adscriban a la gratuidad, indicó.
En cuanto a esta última medida y aunque reconoció su puesta en marcha, la autoridad universitaria afirmó que el mecanismo planteado para graduar su aplicación refleja que no hay un cuestionamiento a cómo se usan los recursos públicos. No hay cambio de paradigma, afirmó, coincidiendo con el movimiento estudiantil. Si la educación superior es un derecho social, ¿por qué no cubrirlo, por ejemplo, modificando el aporte del 10 por ciento de las exportaciones del cobre destinado a las Fuerzas Armadas?, se preguntó.
Otra área en la que manifestó reparos es que la propuesta gubernamental no regula la matrícula ni los aranceles de las instituciones que no reciban aportes fiscales. Estos planteles, cumpliendo con los requisitos exigidos, pueden conformar una red de sedes a lo largo del país que les permita tener en determinadas zonas una oferta a la que otras casas de estudio locales no puedan enfrentar, explicó. Es lo que pasó, en el ámbito comercial, con las grandes tiendas y los supermercados de regiones y almacenes de barrio, graficó.
Con respecto a las críticas a la iniciativa del Ejecutivo provenientes del G9 (confomado por las universidades privadas con financiamiento estatal que pertenecen al Consejo de Rectores), el rector de la UBB no las justificó. El proyecto no elimina los aportes basales para estos planteles, sino que los consolida, afirmó, a la vez que puso de relieve la contribución de estas instituciones al desarrollo del país.
En la misma línea, se refirió positivamente a la reafirmación de un sistema de provisión de educación mixta en todos sus niveles. No obstante abogó por robustecer el trato preferente a las instituciones estatales que, en su opinión, en el actual proyecto queda liberado al gobierno de turno y carece de una mirada de Estado de largo plazo. Se crea un fondo especial y hay aproximaciones para el trabajo en red y la ampliación de la matrícula pero sin aclarar cómo se hará, acotó.
En relación al fortalecimiento de las universidades regionales -asunto que en otras oportunidades el Rector calificó como el gran ausente de las reformas en discusión-, reiteró que a pesar de que se promueve su vinculación y compromiso con los territorios no hay una clara definición.
Gaete Feres se mostró en general conforme con la institucionalidad que se pretende generar: La Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación y el Consejo para la Calidad. Asimismo, destacó que esta última sería la encargada de designar la agencia acreditadora a cada Universidad, lo que refuerza la imparcialidad de los procesos de acreditación.
También estimó positivo el sistema único de admisión, pero no dejándolo en manos del Estado. Debería estar a cargo de un órgano autónomo que, afirmó, podría ser el Consejo de Rectores como en la actualidad, pero con un directorio ampliado.
