La actividad fue convocada por la AAUBB de la sede Chillán, y tuvo como expositores al presidente de la Federación de Asociaciones de Académicos de Universidades Estatales de Chile (Fauech) Dr. Carlos Gómez; al presidente de la Federación de Estudiantes UBB, Juan Riquelme; al presidente de la Afunabb, Gerardo Quezada y de la Asociación de Académicos Dr. Enrique Zamorano-Ponce, los tres últimos de la sede Chillán; al decano de la Facultad de Educación y Humanidades, Marco Aurelio Reyes; y al decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Mauricio Cataldo.
El Salón Miguel Jiménez Cortés de la Facultad de Educación y Humanidades cobijó al conversatorio denominado “Reforma en Educación Superior: Visión desde las Universidades Regionales”.
La instancia permitió analizar en términos generales el proyecto de Ley de Educación Superior propuesto por el Ejecutivo e ingresado al Congreso para su discusión el pasado 4 de julio.
El coordinador del conversatorio, presidente de AAUBB Chillán, Dr. Enrique Zamorano-Ponce, expresó que la actividad se ideó como un espacio para informar, reflexionar y discutir sobre un tema relevante que toca directamente a la comunidad UBB. “Es un espacio dedicado a las personas, para que las personas puedan emitir sus opiniones, los argumentos y contra argumentos sin descalificar a nadie, para así mantener un alto grado de tolerancia en la aceptación de opiniones que a veces no son las nuestras, o que incluso pueden ser contrarias a las nuestras. Es un buen ejercicio para aprender a escucharse y para aprender a dialogar”, contextualizó.
Los relatores coincidieron en diversos puntos del análisis y es así como sostuvieron que tras la lectura del proyecto no se advierte un afán de cambio real, pues se trataría –estimaron- de una propuesta regulatoria básica donde no se establece claramente la responsabilidad que tiene el Estado de brindar educación a los ciudadanos. Tampoco se señala con claridad algún apoyo especial a las universidades regionales, lo que se asume como un riesgo, considerando la alta centralización política y de los recursos en Chile.
Educación y mercado
El presidente de Fauech, Dr. Carlos Gómez, expresó que el proyecto no transforma la Educación en un derecho, sino que pone énfasis en ver cómo se financia este “bien de consumo”. En esta línea, la gratuidad no sería tal, sino que se trataría de una subvención del Estado a planteles privados en materia educacional, “es el traslado de recursos públicos a negocios privados”, comentó.
“El proyecto no se atreve a salir del marco de definiciones que le impuso la dictadura a la Educación Superior en el año 1981. Sigue definiendo la Educación como una mercancía, cuyo valor y sentido se define en el mercado. No obstante, como todo mercado moderno, está sujeto a algunas regulaciones, y en eso es en lo que avanza este proyecto, en reglas dentro de las cuales sigue operando el mercado. Pero, la educación sigue siendo, de alguna manera, una mercancía, no hay un tratamiento conceptual más profundo de la materia”, aseguró.
Respecto de las universidades regionales tampoco se advierte un avance concreto. El Dr. Carlos Gómez explicó que mientras no se tenga claro el rol y sentido de las universidades del Estado, es difícil aventurar un pronóstico sobre lo que ocurrirá con las universidades del Estado en las regiones.
“¿Para qué el Estado construye una universidad en Aysén? Nosotros teníamos grandes esperanzas de que ese proyecto de universidad en Aysén y en Rancagua, significara la discusión de fondo y eso no ha ocurrido. Habría que preguntarse para qué están los proyectos de carrera que se van a instalar en Aysén, y si tienen sentido con el desarrollo regional. Me da la impresión, por lo que se conoce públicamente, de que más bien hay un conjunto de técnicos que les pareció que eso era viable, y no una relación entre el gobierno regional y los proyectos de desarrollo de la región”, argumentó el presidente de Fauech.
No hay un nuevo paradigma
El decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Mauricio Cataldo, expresó que en términos generales la propuesta del proyecto de ley no satisface las expectativas, pues se esperaba un cambio de paradigma respecto de la Educación, donde por ejemplo, se prohibiera taxativamente el lucro, situación que no está descartada.
“Se está perdiendo la oportunidad de generar un cambio de paradigma. Esperaba un cambio de paradigma en dos aspectos: en lo organizacional para las universidades estatales, y también en el concepto de Educación como un bien social. Ello implica que deberíamos estar preocupados de educar a la nación y entregarle conocimientos para que pueda enfrentar de mejor manera su vida. Estamos inmersos en una sociedad del conocimiento, y el conocimiento es clave. La idea es que este concepto de bien social que es la Educación se llevara al nivel máximo, como ocurre en muchos países, y eso nos permitiría generar las riquezas y el bienestar que necesita la sociedad. Creo que esto se debe a las presiones de sectores partidarios del neoliberalismo. Si nosotros fuéramos capaces de entregar conocimiento a la población, la creatividad les haría generar riqueza y bienestar empleando otros recursos, y no utilizando las necesidades básicas como la Salud, la Educación o las pensiones”, aseveró el decano Cataldo Monsalves.
El Dr. Mauricio Cataldo explicó que tampoco queda claro si las universidades estatales regionales serán potenciadas, y advirtió que si bien se habla de dar un trato especial a las estatales, con toda seguridad los recursos que se logren generar serán captados casi en su totalidad por las universidades estatales de la Región Metropolitana.
“Por otro lado, y recurriendo a un chilenismo, también se puede mirar el vaso medio lleno. Me llamó la atención que la Contraloría será menos exigente con las universidades estatales, es decir, se flexibilizarán algunas de las exigencias que hoy existen, y que nos atan de manos y nos quitan competitividad frente a las universidades privadas cuando aparecen propuestas y debemos postular. También se vislumbra un paso adelante en lo que se refiere a investigaciones e innovación, porque el proyecto dice explícitamente que se generará un fondo para investigación e innovación para las universidades que adscriban a la gratuidad. Además, para las universidades estatales habrá un fondo extra para que puedan potenciarse según los compromisos que adquieran con el estado”, describió el decano Cataldo.
Proyecto indefinido
A su vez, el decano de la Facultad de Educación y Humanidades, Marco Aurelio Reyes Coca, precisó que el proyecto de ley deja abiertas muchas dudas e indefiniciones pues su base de sustentación continúa siendo el modelo neoliberal.
“El proyecto debe rehacerse. Creo que se desaprovecha la oportunidad de presentar un buen proyecto de ley para la discusión, donde se eliminaran algunos aspectos que son nocivos en el sistema desde hace 40 años. Por ejemplo, el mantener un sistema público universitario en que las universidades del Estado quedan en el mismo nivel que las universidades privadas con financiamiento del Estado. Se debió haber estructurado un sistema de educación pública y no se hizo porque mantenemos las mismas condiciones. No hay equidad ni inclusión, porque se mantiene el sistema de financiamiento de los estudiantes; el CAE permanece igual y todos sabemos que eso se conecta con el negocio que hacen los bancos. En Chile hay 700 mil familias endeudadas con el sistema financiero. No se asegura el financiamiento de las universidades, y seguirá dependiendo de la disponibilidad de recursos que tenga el gobierno”, graficó el decano Reyes Coca.
El decano Marco Aurelio Reyes también denuncia un desconocimiento total respecto del tratamiento a las universidades estatales regionales. “El país es como el Diplodocus, como ese animal prehistórico con estómago grande, la cabeza chica y los pies flacos, eso es Chile, donde todo se sigue centralizando en la Región Metropolitana, y eso también le ha hecho mucho daño a las universidades”, ilustró.
El presidente de la FEUBB de la sede Chillán, Juan Riquelme, dijo que los estudiantes llevan cerca de 3 semanas estudiando el proyecto de ley, y de ello desprenden que no se contempla ni consideran las necesidades de desarrollo del país, sino que se actúa de acuerdo a las necesidades del mercado.
Triestamentalidad
En tanto, el presidente de la Afunabb de la misma sede, Gerardo Quezada, expresó que el proyecto de reforma a la Educación Superior no da respuesta a las inquietudes de la comunidad en general, lo que se evidencia en el amplio rechazo manifestado por las asociaciones nacionales de académicos, de funcionarios y de estudiantes de las universidades chilenas.
“El proyecto no es claro en cuanto al financiamiento, o en prohibir el lucro; no se advierten mayores cuotas de democracia respecto de la participación al interior de las universidades. Creemos que consagra una participación tutelada, y así no podemos estar conformes. Asimismo, mantiene estructuras como el Crédito con Aval del Estado, un sistema que sigue empobreciendo a las familias chilenas”, aseguró Gerardo Quezada.
El presidente de la Afunabb criticó además que no se recoge la participación triestamental dentro de las universidades. “El proyecto no considera lo que las comunidades académicas, administrativas y de estudiantes planteaban en términos de participación, de manera que como funcionarios sentimos que no somos considerados. Nosotros hemos trabajado por la triestamentalidad y siempre hemos dicho que queremos participación en los diferentes cuerpos colegiados, pero el proyecto no nos considera, por ejemplo, en la conformación del Consejo Directivo, que es el nombre que se da a lo que hoy es la Honorable Junta Directiva. Tampoco considera a toda la comunidad académica en la elección de rectores, por citar un ejemplo, pues solo votan las tres primeras jerarquías. Asimismo, y pese a que la Presidenta declara que se dará énfasis a las universidades regionales, vemos que eso no se ve reflejado en el desarrollo del proyecto de ley”, argumentó Gerardo Quezada.
