El académico de la Escuela de Trabajo Social de la sede Concepción de nuestra Universidad, Dr. Alexander Panez, fue invitado por el relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Olivier De Schutter, a participar como panelista en las tres sesiones sobre las conexiones entre los «comunes» y los derechos humanos, que contó con investigadores/as de Europa, Norteamérica, Sudamérica y África, que trabajan esta temática.
La idea de los «comunes» (commons en inglés) ha ganado visibilidad en el último tiempo reconociendo las formas de gestión lideradas por comunidades como una alternativa a la dicotomía entre la gestión centralizada de recursos y servicios por parte del Estado y las orientaciones bajo las reglas del mercado en el caso de la privatización. En la ocasión, el Dr. Alexander Panez fue invitado por su experiencia en estudios sobre la privatización del agua en América Latina (y el caso chileno en particular) y las formas comunitarias de gestión del agua potable que persisten como alternativas al modelo privatizador.
Durante las tres sesiones realizadas el 11, 18 y 25 de febrero, en modalidad online, el panel de investigadores discutió sobre cómo las formas de organización bajo los «comunes» pueden representar una oportunidad para fortalecer derechos sociales en áreas como alimentación, educación, vivienda, agua, saneamiento y protección social.
El académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación y Humanidades, precisó que en particular se reconoció que los bienes comunes pueden ser un medio útil a través del cual garantizar el acceso igualitario a determinados bienes o servicios esenciales para las personas que se enfrentan a la pobreza de ingresos o que no tienen acceso al crédito, poniendo un énfasis renovado en las dimensiones de participación y responsabilidad democrática, más allá de las dimensiones de disponibilidad, adecuación y accesibilidad.
Durante su intervención, el Dr. Alexander Panez expresó su opinión sobre la situación en nuestro país enfatizando que el caso chileno es una muestra fehaciente de que en momentos de crisis socio-ecológica, los modelos privatizadores sobre los bienes comunes no garantizan derechos humanos esenciales como el derecho humano al agua. “No da lo mismo quien es la entidad encargada de asegurar un elemento tan fundamental para la vida como lo es el agua. En Chile hemos visto cómo sistemas comunitarios tales como los comités de agua potable rural a pesar de todas las dificultades han buscado garantizar un acceso equitativo y digno a los y las habitantes de los territorios rurales. Esto en contraposición a grupos empresariales que han pretendido concentrar la propiedad de las aguas en diferentes cuencas del país”, aseveró.
Las reflexiones realizadas durante la actividad aportarán al informe que presentará el relator especial Olivier De Schutter ante las Naciones Unidas como parte de su mandato. Entre las conclusiones se consideró la importancia de relevar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las formas comunitarias de organización como instancias fundamentales para asegurar derechos económicos y sociales frente a los límites evidenciados por las políticas de privatización en las últimas décadas.
