“Agua y derechos frente a la crisis socioambiental en Chile” fue el tema que se abordó en el conversatorio organizado por la Escuela de Trabajo Social, oportunidad en que se presentó el convenio entre la Federación Nacional de Asociaciones de Agua Potable Rural (FENAPRU) con nuestra casa de estudios, así como las diversas miradas y propuestas para avanzar en este ámbito.
La actividad se desarrolló en el marco del proyecto de Extensión Agua potable rural como derecho humano: ecología de saberes frente a la crisis hídrica en Chile, dirigido por el académico del Departamento de Ciencias Sociales, Dr. Alexander Panez.
En representación del Rector, Juan Saavedra, jefe de gabinete de Rectoría, expresó su saludo y satisfacción por la actividad que sin duda marca una vocación de nuestra Universidad de vincularnos con las organizaciones y comunidades frente a algunas cuestiones que son propias de nuestro tiempo y necesarias de abordar desde una perspectiva transdisciplinaria.
Léo Heller, investigador de la Fundación Osvaldo Cruz, de Brasil y exrelator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento (2014-2020), fue el encargado de abrir el diálogo entregando algunas apreciaciones sobre los marcos legales internacionales que existen hace años, con una asociación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y con la aprobación de la Asamblea General de la Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos, en 2010, mediante la resolución que reconoce explícitamente estos derechos como derivados a un nivel adecuado de vida, siendo vinculantes a los países miembros, lo implica cumplirlos.
El experto reconoció que Chile es un país que tiene muy buenos indicadores para el sector de agua y saneamiento. Sin embargo, no se cuenta con los datos sobre el acceso a este recurso. “En Chile toda la estructura de prestación urbana es realizada por empresas privadas, es un modelo muy particular, el único país en el mundo que tiene uno similar es el Reino Unido. En general, situaciones como esa nos convoca a pensar en problemas de accesibilidad para la gente que vive en situación de pobreza, de calle”.
Asimismo, expresó que es esencial contar con datos para identificar el patrón de acceso a los servicios, comparando grupos de acuerdo a su renta, etnia, área en la que vive (urbana o rural) y tener la posibilidad de mirar los desafíos de las políticas públicas. Todo ello de la mano de la participación ciudadana.
El exrelator de la ONU en su último informe realizó un análisis de los potenciales impactos de la privatización en derechos humanos para ver en qué medida ésta promueve violaciones de los derechos humanos. “Utilicé un marco analítico tridimensional sobre la maximización de beneficio o lucro, ya que, en general, las empresas privadas prestan estos servicios y minimizan las inversiones. Otro aspecto es que el agua y saneamiento son un monopolio natural, porque no hay competencia, el regulador está capturado por el prestador; y, por último, está el desequilibrio de poder, porque la relación entre el prestador y los gobiernos locales o comunidad no es simétrica”.
Agua Potable Rural
Durante su intervención, la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Agua Potable Rural, Gloria Alvarado, se refirió al convenio con la Universidad del Bío-Bío, el cual tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de los comités, cooperativas y otras organizaciones de carácter comunitario para que se inscriban en el ámbito de la gestión del agua y el saneamiento en Chile, a través de la generación, implementación e innovación de iniciativas, siendo apoyado en distintas áreas del conocimiento que emanan desde el campo científico y en el diálogo con los saberes comunitarios en torno a las aguas de quienes viven en territorios rurales.
Gloria Alvarado señaló que el convenio con la UBB es muy interesante, pues significa una alianza estratégica entre las organizaciones comunitarias y la universidad. “Tenemos una experiencia tremenda en los territorios, pero es necesario el contacto para aterrizar nuestros propios proyectos. Estoy contenta, porque el convenio viene a dar un énfasis a los comité y cooperativas con el trabajo conjunto que podamos desarrollar”.
Al realizar un diagnóstico sintetizó que en Chile un 76% del territorio sufre de sequia, 77 comunas tienen decreto de escases hídrica entregado por el Estado, 400 mil familias no tienen agua y dependen de camiones aljibes que proporcionan 50 litros de agua al día, sin privilegiar el consumo humano. “La competencia es desigual con la agroindustria, por ejemplo, en los pozos de agua potable, y es necesario un ordenamiento territorial que controle y frene el uso del agua”.
En la nueva Constitución -aseveró- queremos que el agua sea un derecho humano, que se respete y que existan mecanismos para hacerlo cumplir, que sea un bien común protegido y un bien nacional de uso público, que sea garantizado por el Estado para el consumo humano y para los ecosistemas.
Por su parte, Alexander Panez, académico del Departamento de Ciencias Sociales, precisó que existe una crisis hídrica en el país, con una “tormenta perfecta” compuesta por el cambio climático donde el país es uno de los más susceptibles, destacando una disminución de precipitaciones en gran parte de la zona centro sur; una legislación pro mercantil y privatizadora desde los años 80, vinculada a la constitución; y un modelo basado en la extracción intensiva de nuestros bienes comunes naturales que se convierten en mercancía. Eso nos ha llevado -sostuvo- a que, de las 101 cuencas del país, el 74% están en situación de área de restricción o declaradas zonas de prohibición.
Igualmente, explicó que observan tres tendencias de caminos posibles para enfrentar la crisis: Mantener las cosas como están tratando de arreglarlas dentro de la misma lógica; un capitalismo corregido con mayor rostro humano, donde el Estado tenga una mayor regulación, redistribución de políticas sociales, pero sin tocar los pilares del extractivismo; y alternativas que se construyen desde los pueblos donde se propone la recuperación de las aguas, con la estatización de las aguas, y una gestión realizada por empresas sanitarias estatales, o ideas que apelan a un protagonismo comunitario más fuerte en la gestión de las aguas.
Finalmente, subrayó que el derecho humano al agua se está convirtiendo en un lugar común, de palabras de buenas costumbres. “Es primordial la autogestión comunitaria, no da lo mismo quien gestiona el agua; también las prioridades de usos, lo que está vinculado al consumo de agua potable, la reproducción de los ecosistemas y la soberanía alimentaria”.
