En relación con los acuerdos adoptados en la última sesión del Consorcio de Universidades del Estado, realizada en la ciudad de Coyhaique el día 23 de noviembre recién pasado, el directorio del CUECH estima necesario precisar lo siguiente:
Como es de público conocimiento, desde 2020 las universidades del Estado hemos enfrentado una situación particularmente compleja. Los duros efectos de la pandemia, el significativo aumento en la inflación (y sus impactos sobre el gasto corriente), la baja en la matrícula de los primeros años -que ha afectado especialmente a algunas carreras como las pedagogías-, sumados a las consecuencias estructurales producto del mal diseño de la política de gratuidad – a partir de la baja en los ingresos producto de la aplicación del artículo 108-, han puesto a muchas de nuestras instituciones en una delicada situación económica.
Es igualmente sabido que las universidades públicas debemos lidiar con múltiples restricciones y limitaciones (propias de nuestro régimen jurídico) y que no contamos con las mismas herramientas ni la misma flexibilidad que tienen nuestras homólogas del sector privado para enfrentar el conjunto de dificultades y situaciones descritas previamente, cuyos efectos se suman a los generados por décadas de abandono por parte del Estado, que las comunidades universitarias hemos venido denunciando con fuerza desde hace ya bastante tiempo sin obtener respuesta.
El presupuesto aprobado recientemente en el parlamento tampoco supone un alivio para nuestras instituciones. A pesar del crecimiento en el AIUE, que valoramos como un gesto relevante, globalmente el gasto en educación superior tendrá un decrecimiento real cercano al 3%, que en el caso de los aportes basales será de alrededor de un 6%.
Considerando ese complejo escenario y el hecho que actualmente se discute con diversos gremios el monto del reajuste del sector público, es que el CUECH acordó unánimemente establecer como sugerencia –y en ningún caso con carácter imperativo o vinculante-, que nuestras instituciones ajusten su gasto global en remuneraciones en un máximo de 6,3%, que corresponde al inflactor general aplicado en la ley de presupuesto.
Lo hicimos como un llamado de atención, en el entendido de que las universidades estatales -una vez más- no percibiremos los recursos para cubrir el reajuste y que deberemos financiarlo con cargo a nuestro propio presupuesto. Por lo mismo, reiteramos el llamado que históricamente hemos hecho al Estado para que se haga responsable de sus universidades y a nuestras asociaciones para que exijan que se considere al personal de nuestras instituciones en el pago de, reajuste, evitando así que se continue consagrando la odiosa diferenciación entre empleados públicos. Lo hicimos, también, como un gesto de responsabilidad puesto que, de no ser así, simplemente no estaremos en condiciones de asumir completamente el gasto que supondría entregar dicho reajuste. Nuestras comunidades han debido padecer en diversos lugares los costos de decisiones adoptadas sólo con una mirada de corto plazo. Evitar que ello se repita, nos obliga a actuar con la máxima responsabilidad y realismo.
Finalmente, respecto de la solicitud de postergación del artículo 48 de la Ley 21.094, debemos informar que todas las universidades estatales hemos venido realizando importantes esfuerzos para dar cumplimiento progresivo a lo que allí se establece. Ello ha implicado y lo seguirá en adelante un aumento en el gasto de remuneraciones que no viene acompañado de mayores recursos para las universidades. Sin perjuicio de ello, desde su promulgación hemos señalado que la formulación del referido artículo presenta diversos problemas que pueden gravar innecesariamente el funcionamiento de nuestras instituciones. Es por ello que, en los últimos días, hemos planteado a la Subsecretaría de Educación Superior un cronograma para, por una parte, continuar con su implementación gradual y, por otra, para solicitar se considere una modificación al texto del referido artículo de modo que este contemple algunas excepciones que son de gran relevancia y que evitarán que nuestros costos de transacción aumenten innecesariamente.
