La reciente agresión contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile en Valdivia, obliga a detenernos y reflexionar con seriedad sobre el estado del debate público en Chile. No solo por la gravedad del hecho, una autoridad increpada y atacada por manifestantes, sino porque evidencia algo más profundo: la peligrosa normalización de la violencia como forma de expresión política.
Es importante partir desde una posición clara. Mi perspectiva política no coincide necesariamente con la del actual gobierno. Existen diferencias legítimas en torno a sus prioridades, decisiones y orientaciones. Sin embargo, precisamente porque la democracia se sostiene en el disenso, es que resulta imprescindible trazar límites. Y uno de ellos es intransable: ninguna diferencia política justifica la agresión, la deshumanización ni los discursos de odio.
El problema no es solo el acto de violencia en sí, sino el ecosistema que lo hace posible. El discurso de odio, entendido como aquellas expresiones que incitan a la exclusión, el desprecio o la violencia contra otros, ha dejado de ser marginal. Hoy circula con preocupante naturalidad, tanto en redes sociales como en espacios presenciales, muchas veces disfrazado de opinión o crítica política.
En este contexto, la imagen juega un rol central. No hablamos solo de palabras, sino también de representaciones visuales: memes, videos, pancartas, fotografías editadas. La imagen se ha transformado en un lenguaje potente que puede ridiculizar, simplificar y deshumanizar en cuestión de segundos. En escenarios de alta polarización, estas imágenes no buscan dialogar, sino reforzar trincheras. Construyen enemigos, no interlocutores.
Lo ocurrido con la ministra Lincolao no es ajeno a esta lógica. Antes de la agresión física, suele existir una construcción simbólica previa: discursos e imágenes que instalan a la persona como objeto de rechazo, burla o desprecio. Cuando ese proceso se normaliza, la violencia deja de ser impensable y comienza a percibirse, aunque sea por algunos, como una extensión coherente de ese relato.
Este fenómeno no pertenece a un solo sector político. Sería cómodo, pero incorrecto, atribuirlo exclusivamente a la izquierda o a la derecha. La polarización ha generado dinámicas donde distintos grupos, desde sus propias convicciones, recurren a la cancelación, al linchamiento simbólico o a la deslegitimación del otro. En todos los casos, el resultado es el mismo: el deterioro del espacio público.
La llamada “cultura de la cancelación” es una expresión clara de este problema. En lugar de debatir ideas, se busca invalidar personas. En lugar de argumentar, se expone, se ridiculiza o se expulsa simbólicamente al otro. Las redes sociales amplifican estas prácticas, generando lo que algunos estudios denominan “multitudes polarizadas”, donde el desacuerdo se transforma rápidamente en ataque.
Pero hay un punto aún más preocupante. Cuando el debate público se llena de odio, se desplazan los temas realmente importantes. La discusión deja de centrarse en ideas, propuestas o políticas públicas, y se convierte en una disputa emocional, cargada de agresividad y simplificaciones.
En el ámbito de la ciencia, esto es particularmente grave. Chile enfrenta desafíos significativos en materia de desarrollo científico y tecnológico, incluyendo brechas de género que históricamente han afectado a las mujeres. Las políticas que buscan fortalecer la participación femenina en ciencia, tecnología e innovación no son un asunto menor: son parte de una agenda de equidad y desarrollo país.
Sin embargo, cuando el debate se contamina con violencia y descalificación, estos temas quedan relegados. En lugar de discutir cómo mejorar la inversión en ciencia, cómo fortalecer la investigación o cómo reducir las desigualdades, la atención se desplaza hacia el conflicto, la agresión y la polémica. Es una pérdida para todos.
También es necesario decirlo con claridad: los recortes o debilitamientos en áreas como la ciencia y la tecnología tienen consecuencias profundas, especialmente para grupos que han sido históricamente postergados. Defender estos espacios no es una cuestión ideológica menor, sino una apuesta por el desarrollo y la justicia social.
Por eso, la condena a la agresión contra la ministra Lincolao no es un gesto de adhesión política, sino un compromiso con principios básicos de convivencia democrática. Se puede, y se debe criticar, cuestionar y exigir rendición de cuentas a las autoridades. Pero esa crítica pierde legitimidad cuando se expresa mediante la violencia o el odio.
La democracia no se debilita por el desacuerdo, sino por la incapacidad de sostenerlo de manera civilizada. Cuando el adversario se convierte en enemigo, y el enemigo en objeto de agresión, el espacio público se fractura.
Recuperar ese espacio implica un esfuerzo colectivo. Supone promover una cultura del diálogo, fortalecer la educación ciudadana, la ciudadanía digital y desarrollar herramientas para identificar y contrarrestar los discursos de odio, tanto en palabras como en imágenes. Pero, sobre todo, implica una decisión ética: la de no cruzar ciertas líneas, incluso cuando las convicciones propias son firmes.
La agresión a la ministra de Ciencia es un síntoma. Nos muestra hacia dónde podemos dirigirnos si seguimos normalizando el odio como forma de expresión. Pero también puede ser una oportunidad: la de detenernos, reflexionar y corregir el rumbo.
Porque al final, una democracia sana no se construye sobre la base de quién grita más fuerte o golpea primero, sino sobre la capacidad de confrontar ideas con respeto, argumentos y responsabilidad.
Y ese es un desafío que nos involucra a todos, sin excepción.
