El reciente informe de la CEPAL sobre la situación de los femicidios en Chile revela no solo cifras inquietantes, sino también profundas brechas que deben abordarse desde una perspectiva más amplia y estructural.
Chile se encuentra entre los cinco países latinoamericanos que aún no han implementado una ley integral contra la violencia de género. A pesar de la promulgación de la Ley número 21565 en 2023, centrada en proteger y reparar integralmente a las víctimas de femicidio y suicidio femicida, el hecho de que Chile carezca de una legislación específica que aborde la violencia de género de manera comprehensiva señala una clara deuda en materia institucional.
Un aspecto alarmante es la estadística que destaca a Chile como el país donde la mayor cantidad de femicidios ocurren a manos de la pareja íntima de la mujer. Este dato no solo subraya la urgencia de medidas preventivas y de protección para las mujeres, sino que también demanda una profunda reflexión sobre las dinámicas de género arraigadas en la sociedad chilena.
El informe también revela una estabilidad preocupante en el índice de feminicidios en Chile en los últimos cinco años, a diferencia de otros países de América Latina donde se ha logrado una disminución. Esto sugiere la necesidad de examinar de cerca las estrategias y programas implementados en los países que han tenido éxito y evaluar la posibilidad de adaptarlas a la realidad chilena. Además, es imperativo que estas estrategias vayan más allá de la reacción al crimen y se centren en la prevención, identificando los factores de riesgo en los grupos demográficos más afectados.
Son las mujeres de entre 15 y 40 años quienes presentan mayor riesgo de femicidio. Este grupo se encuentra además precarizado en términos del trabajo doméstico y de cuidados y del trabajo asalariado. La ausencia de medidas específicas para proteger a estas mujeres durante esta fase crítica de sus vidas destaca una necesidad urgente de políticas que aborden la violencia en sí misma y también los desafíos únicos que enfrentan las mujeres en esta etapa.
Un aspecto que resalta en el informe es la presencia de víctimas indirectas de feminicidio, que son personas cercanas a la víctima, como niños, niñas u otras familiares, cuyas vidas se ven afectadas de manera irreversible. Es necesario desarrollar programas específicos de apoyo psicosocial y económico para estas víctimas indirectas, reconociendo que su sufrimiento también requiere atención y reparación.
El feminicidio es la manifestación extrema de la violencia contra las mujeres y niñas, que está presente aun con mucha fuerza en nuestra cultura. La falta de una ley integral contra la violencia de género es solo la punta del iceberg. Es necesario desafiar y cambiar las normas culturales y sociales arraigadas que perpetúan la violencia de género. La educación, la sensibilización y la promoción de relaciones saludables deben ser componentes clave de cualquier estrategia a largo plazo. Tenemos el potencial y la responsabilidad de construir un futuro más seguro y equitativo para todas las mujeres y niñas.
