“Inclusión en Educación Superior: significados desde directivos universitarios y equipos profesionales que se desempeñan en programas de inclusión en universidades estatales” se denomina el proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11250674 que dirige la académica del Departamento de Ciencias Sociales, Dra. Carmen Gloria Jarpa Arriagada.
La Dra. Carmen Gloria Jarpa explicó que en el marco del proyecto se entiende la inclusión desde una perspectiva semántica amplia que trasciende la discapacidad física.
“Hablamos de todos los mecanismos que se han desarrollado para integrar a jóvenes que previamente no podían acceder a la universidad. Esto incluye, por ejemplo, el programa PACE que favorece la trayectoria escolar previa. También se debe considerar la etnia, especialmente en programas que buscan aumentar la presencia de personas de diversas etnias en las universidades. Igualmente, existen programas enfocados en la inclusión de mujeres en carreras predominantemente masculinas; nuestra Universidad, por ejemplo, tiene un programa para mujeres en Ingeniería. Es decir, se considera como informante clave cualquier profesional que se desempeñe en dispositivos de inclusión”.
La Dra. Jarpa precisó que se realizarán entrevistas semiestructuradas presenciales, a rectores, vicerrectores y vicerrectoras, directores y directoras de docencia, directores del área de inclusión, así como a otros agentes de la plana directiva. “También entrevistaré a las y los profesionales que trabajan en los distintos dispositivos de inclusión que existen en las universidades. Esto puede variar, ya que no todas las universidades tienen la misma estructura. Por ejemplo, en nuestra universidad será necesario entrevistar a profesionales del PACE, PIESDI y de todas las unidades que trabajen en temas de inclusión educativa en cualquiera de sus formas”, ilustró.
La investigadora UBB señaló que el proyecto considera a las universidades estatales porque están mandatadas por ley a cumplir ciertos estándares en función de su rol público. “Esto se debe a que el Estado, como ente público, tiene un rol específico en la educación. Ser una universidad pública es un valor en sí mismo, lo que implica que la exigencia de la ley debe estar alineada con otros principios fundamentales que una universidad pública debe adoptar, como la transparencia, la gobernanza democrática, entre otros, principios que no siempre se observan con la misma consistencia en las universidades privadas”, indicó.
Principales objetivos
La Dra. Jarpa comentó que el proyecto, entre sus principales objetivos, pretende analizar los significados asociados al concepto de inclusión, a través del enfoque teórico del interaccionismo simbólico.
“¿Por qué los significados? Porque la semántica del concepto de inclusión varía dependiendo de si se aborda desde una perspectiva legal, normativa o axiológica. El modo en que se entiende un concepto influye en la manera en que se lleva a cabo a través de los dispositivos oficiales de cada universidad. La perspectiva teórica que se considera en el proyecto sostiene que actuamos en el mundo según el significado que le damos a las cosas. Por lo tanto, es fundamental comprender cómo las más altas autoridades de las universidades entienden el concepto de inclusión, ya que generalmente no se les consulta en este tipo de investigaciones. También es relevante incluir las perspectivas de las y los profesionales involucrados directamente en el tema”, describió.
Asimismo, la Dra. Carmen Gloria Jarpa indicó que la investigación también busca identificar las acciones concretas que se implementan en las universidades a través de los distintos mecanismos disponibles.
“Si bien existen programas recurrentes como el PACE o la atención a la discapacidad, no hay uniformidad en la forma en que las universidades abordan la inclusión. Además, algunas acciones que las universidades realizan no se consideran explícitamente parte de su política de inclusión. Por ejemplo, algunas universidades dan mayor ponderación al ranking y al NEM en el proceso de selección, lo que, aunque no se declare formalmente como una política inclusiva, en la práctica favorece a ciertos grupos. Un caso claro es el de la Universidad del Bío-Bío, que da mayor relevancia al desempeño en la enseñanza media que a los resultados obtenidos en la PAES, lo que favorece el acceso de estudiantes con un buen rendimiento en educación secundaria, incluso si sus puntajes en la PAES no son tan altos. Esto aumenta las posibilidades de ingreso jóvenes que antes quedaban excluidos de la educación superior”, comentó.
La Dra. Jarpa precisa que a través del proyecto se busca ir más allá de lo que las instituciones declaran entender por inclusión y de los dispositivos que han generado para abordarla. “Lo interesante es llegar más allá de lo que es declarativo. De otro modo, sería suficiente pedir a cada universidad su política de inclusión o revisar los programas que implementan. Sin embargo, la entrevista debe permitir, desde una perspectiva cualitativa, explorar lo que no se ve: cómo se entiende el concepto de inclusión y cómo esta comprensión influye en las acciones concretas. El objetivo es determinar si existe o no una coincidencia entre lo que se establece en las leyes, lo que las universidades están obligadas a hacer, y lo que realmente han logrado implementar”, ilustró.
Inclusión: tarea pendiente
La Dra. Carmen Gloria Jarpa comentó que la necesidad de crear políticas, orientaciones o dispositivos que promueven la inclusión, no existiría si ya contáramos con todos los mecanismos necesarios para compensar las dificultades.
“La exclusión se produce cuando el entorno no provee de todas las posibilidades de acceso. Todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos enfrentar barreras físicas o sociales que nos excluyan. Por ejemplo, las mujeres a menudo enfrentan exclusión cuando las carreras son masculinizadas, y lo mismo ocurre con los hombres en carreras fuertemente feminizadas. La exclusión también puede ocurrir por clase social, etnia o condición de migrante. Es un fenómeno que considero importante estudiar, y esa es una de las razones por las que decidí postular a este proyecto”, refrendó.
La académica Dra. Carmen Gloria Jarpa también manifestó su satisfacción por haber logrado la adjudicación de Fondecyt, fruto de un trabajo y esfuerzo sistemático. “Es un gran desafío y un sueño cumplido, pero también es un desafío profesional, dado que ser trabajadora social implica adherir a un marco ético-político orientado a mejorar las condiciones de vida de todas las personas en el mundo, con los Derechos Humanos como eje central. Por lo tanto, el desafío es asegurar que todas las personas que cumplan los requisitos para ingresar a la universidad puedan vivir la experiencia universitaria en las mejores condiciones posibles”, reflexionó.
