La actividad, convocada por la Dirección General de Géneros y Equidad (Dirgegen), consideró la participación de la secretaria ejecutiva de la Oficina de Género y Sexualidades de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Angélica Marín Díaz, quien se desempeña como coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).

La directora general de Géneros y Equidad, Alicia Hermosilla Ávila, señaló que “la expectativa de esta Política es que impulse el reconocimiento de las personas en perspectiva de derechos y de dignidad y, de ese modo, obligue y desafíe a la comunidad universitaria en conjunto, a participar en acciones concretas para derribar las desigualdades/discriminaciones, acosos y violencia. Realidades que, históricamente, se han arraigado en nuestra sociedad y que se reproducen con creces en espacios universitarios, donde esperamos no seamos indolentes”, comentó.

En tanto, la prorrectora Julia Fawaz Yissi, precisó que, al contar con la política, la Universidad da cumplimiento a una exigencia normativa, pero, ante todo, se asume un compromiso ético a la altura de una institución estatal y pública. “Nuestra Universidad ha dado pasos importantes para abordar esta realidad. Se ha hecho cargo de esta situación de manera que sea un espacio seguro y libre de violencia, sin discriminación por sexo, género u orientación sexual, con una formación no sexista, que abogue por la justicia, la igualdad sustantiva y la equidad”, aseveró.

La coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) Angélica Marín Díaz, en modalidad telemática, presentó la ponencia denominada “Desafíos y oportunidades que se visualizan con la implementación de una política integral que responde a las obligaciones de la Ley 21.369 para las instituciones públicas”.

La expositora Marín Díaz es psicóloga, magíster en Políticas Sociales y Gestión Local, terapeuta familiar, diplomada en Género y Políticas Públicas, con experiencia en temas de violencia intrafamiliar, maltrato y abuso infantil, sexualidad, explotación sexual y participación.

Compromiso de toda la red social

La prorrectora Julia Fawaz recordó los resultados de la IV Encuesta de Violencia contra la Mujer, representativa de mujeres urbanas mayores de 15 años de las 16 regiones del país, y que consideró información recogida entre diciembre de 2019 y el 8 de marzo de 2020.

“La encuesta mostró un aumento significativo en relación a 2017, en la ocurrencia de violencia de cualquier tipo durante toda la vida, pasando de 38,2% a 41,4% las mujeres que así lo manifiestan, en particular en relación a la violencia psicológica, incremento probablemente asociado al reconocimiento de que acciones que efectivamente implicaban ejercicio de violencia, consideradas naturales o aceptadas como parte de la convivencia cotidiana en el pasado, hoy asoman en la conciencia de las mujeres con la connotación que efectivamente tienen”, señaló.

Asimismo, destacó que a través del Centro de Estudios Ñuble se realizó un proyecto INNOVA FOSIS denominado “Comunas sin violencia hacia las mujeres: Una propuesta integral desde la prevención, sensibilización y reeducación de hombres, mujeres, jóvenes y comunidad en 4 comunas de Ñuble”, que benefició directamente a las comunas de San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay, donde se constató varios de los problemas identificados en la encuesta nacional.

“Para transformar esta realidad es necesario el trabajo y compromiso de todas y todos los actores sociales: las policías, nuestras instituciones y tribunales, las redes de apoyo a las mujeres víctimas de violencia, los educadores, los empresarios. Y cada uno de nosotros, de manera que, desde el interior de cada una de nuestras familias, de nuestros establecimientos educacionales, de nuestros espacios laborales, apoyemos el cambio cultural necesario para avanzar en la construcción de un país sin violencia de género, con cifras que indiquen que vamos, sin pausa y con prisa, avanzando en esa dirección”, reflexionó.

Un hito trascendente

La directora general de Géneros y Equidad, Alicia Hermosilla Ávila, comentó que el 15 de septiembre del año 2021 fue publicada la ley N°21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Esta ley, mandató a las universidades y centros de educación superior a generar una política integral contra el acoso sexual, violencia y/o discriminación por razones de sexo/género.

“La mencionada ley tiene como objetivo promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, así como también proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres para todas las personas que integran los espacios educativos”, reseñó.

“En este contexto y luego de un arduo trabajo que involucró a todos los estamentos de la comunidad universitaria, el 14 de septiembre del año en curso, la política integral contra el acoso sexual, violencia y/o discriminación por razones de sexo/género de la Universidad del Bío-Bío, fue decretada. Esto corresponde a un hito trascendental para las personas que componen la comunidad universitaria, ya que se continúa avanzando hacia el cumplimiento de aspectos expresados en la visión de nuestra institución, como es el sentido de equidad social y de género”, aseveró la directora general.

La directora general de Géneros y Equidad, Dra. Alicia Hermosilla Ávila, precisó que, desde el 14 de septiembre recién pasado, la Universidad cuenta con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación arbitraria por razones de sexo/género, que contempla un modelo de prevención, un modelo de investigación, sanción y reparación, y una estrategia de monitoreo y evaluación. De este modo se da cumplimiento a la Ley 21.369, que exige a las instituciones de educación superior, entre otros aspectos, la creación de unidades especializadas y la ejecución de modelos de prevención y sanción construidos participativamente.

La Dra. Alicia Hermosilla señaló que la Ley 21.369 se promulgó en septiembre de 2021 y entró en vigencia el 15 de septiembre de 2022, fecha en que las instituciones de educación superior debían contar con políticas integrales sobre el tema, constituyéndose en un requisito indispensable para la acreditación.

En esta línea, la Dra. Hermosilla Ávila manifestó que la Universidad, a través de la Dirección General de Géneros y Equidad, asumió este compromiso a través del Decreto Universitario Exento N°6365, que presenta la política integral que contiene y regula las acciones focalizadas en el Modelo de Prevención, el Modelo de Investigación, Sanción y Reparación y la Estrategia de Monitoreo y Evaluación, para avanzar hacia cambios estructurales y culturales con miras a construir una institución más justa y con espacios plenos en armonía para el desarrollo de la comunidad.

La Dra. Alicia Hermosilla explicó que la política considera acciones que permiten la prevención de conductas, así como procesos de investigación y sanción de éstas, sin revictimización de las personas afectadas, apuntando a procesos integrales de reparación.

“Esto brinda un marco para implementar estrategias institucionales y comunitarias, junto con instaurar garantías institucionales que velen por procesos de investigación, sanción y reparación con perspectiva de género”, ilustró.

Fruto de un trabajo participativo
Una de las fortalezas de la política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género de la Universidad del Bío-Bío, consiste en su carácter de construcción participativa, incorporando las distintas visiones estamentales.

“La política se redactó considerando los resultados de una consulta universitaria denominada ‘Percepciones y acciones en torno al acoso sexual, violencia y discriminación de género’. Eso permitió levantar información actualizada desde diversos ámbitos. Asimismo, hubo mesas de trabajo que complementaron y robustecieron la perspectiva de los/as participantes de los distintos estamentos. Hay que precisar que cuando se habla de violencia no solo se alude a la de carácter físico, sino que también sexual, de hostigamiento, acoso sexista y discriminaciones arbitrarias que excluyan, menoscaben o invisibilicen a las personas por razones de género”, describió la directora general de Géneros y Equidad.

Alcance de la política
Según se indicó, la política integral regirá a todos/as quienes integran la comunidad Universitaria: estudiantes de pregrado y de postgrado, estudiantes del sistema de formación continua, funcionarios/as administrativos/as, funcionarios/as académicos/as, personas vinculadas por contratos de prestaciones de servicio, y toda persona que se relacione con la Universidad cualquiera sea su vínculo contractual.

“La Política Integral sistematiza, organiza y mide los impactos que generarán las acciones orientadas a la prevención, la investigación, sanción y reparación contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación por razones de género. Ciertamente, esperamos que se active el diálogo cultural y la reflexión pertinente sobre estas temáticas, con el propósito de generar una convivencia basada en buenas prácticas amparadas en los valores del respeto y el trato igualitario”, reflexionó la directora general de Géneros y Equidad, Dra. Alicia Hermosilla.

En tanto, el asesor jurídico de Dirgegen Alen Alegría Vásquez, señaló que desde 2018 “la Universidad del Bío-Bío comenzó a trabajar en lo que hoy es la Dirección General de Géneros y Equidad. Ahora bien, el decreto de la política integral contra el acoso sexual, la violencia y/o discriminación por razones de sexo/género, además de dar cumplimiento a lo solicitado por la Ley 21.369, representa un nuevo paso para avanzar en la instalación de una cultura universitaria comprometida en el abordaje de las violencias de género y su erradicación”, aseveró.

El académico del Departamento de Econoomía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales (Face), Andrés Acuña, participó como panelista en el 12º Encuentro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, que se realizó el 14 de enero, en modalidad virtual.

 La Sociedad Chilena de Políticas Públicas es una corporación científica de personas cuya misión es contribuir al mejoramiento de la calidad de las políticas públicas fomentando el estudio y la investigación de carácter teórico y empírico. Su directorio está integrado por personeros vinculados a organismos públicos y privados, universidades y centros de estudios.

La conferencia del profesor Andrés Acuña se denominó “¿La provisión satisfactoria de bienes públicos fortalece la legitimidad democrática en países en desarrollo? Evidencia para América Latina” y formó parte de las ponencias presentadas en la línea de Modernización del Estado.

El tema corresponde a los avances de la investigación que lleva a cabo con los doctores Javier León y César Salazar, académicos de los departamentos de Ciencias Sociales y Gestión Empresarial, respectivamente, que se desarrolló en el marco del proyecto investigación Regular “Economía política en Chile y América Latina: Democracia, instituciones y participación”, financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado a través de la Dirección de Investigación y Creación Artística. En este proyecto multidisciplinario participa además el académico Rodrigo Rebolledo, director del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Al referirse a la investigación, Andrés Acuña explicó que esta pretende entregar evidencia del rol que juega la satisfacción ciudadana con la provisión de bienes públicos por parte del Estado sobre la legitimidad democrática, bajo un contexto de economías que exhiben menores niveles de desarrollo. “Al respecto, extendemos la concepción tradicional de bienes públicos de provisión local hacia una que incluye bienes políticos vinculados a valores universales y conocidos como ‘bienes públicos globales’, entre los cuales se encuentran la libertad de expresión y de prensa, el respeto de los derechos humanos y la preocupación por el medioambiente y los impactos del cambio climático”.

En el estudio se clasificó a 18 países de América Latina de acuerdo al Índice de Democracia (Democracy Index), elaborado y reportado anualmente por la revista The Economist, el cual permite catalogar un país como democracia plena, democracia fallida, régimen híbrido o régimen autoritario.

En este contexto, destacó que los resultados muestran un efecto positivo de la satisfacción ciudadana con los bienes públicos locales como educación, salud, infraestructura vial sobre la legitimidad de un régimen democrático, cuando esta última es medida con indicadores indirectos como la satisfacción con la democracia (si la ciudadanía manifiesta estar satisfecha o insatisfecha con la forma en que la democracia funciona, por ejemplo). Sin embargo, este efecto se diluye al considerar medidas directas de legitimidad como la valoración de la democracia (si la ciudadanía considera que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno).

La evidencia confirma -aseveró- que la legitimidad democrática es reforzada por una mayor satisfacción ciudadana con la provisión de bienes públicos globales, independiente de si la legitimidad se mide de manera directa o indirecta. Este efecto positivo es además transversal al tipo de régimen democrático catalogado mediante el Índice de Democracia. Por otra parte, los resultados ratifican el detrimento que altos niveles de corrupción entre la clase política pueden ocasionar sobre la legitimidad de la democracia en América Latina.

Finalmente, el académico manifestó que el encuentro organizado por la Sociedad Chilena de Políticas Públicas en conjunto con el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado es una importante vitrina a nivel nacional para difundir los esfuerzos de investigación aplicada con énfasis en temáticas que contribuyen al diseño, evaluación y modernización de la política pública en nuestro país. Destacó que en el evento participaron expertos nacionales e internacionales, siendo “un espacio de relevancia para compartir experiencias y dar a conocer la investigación que se promueve en universidades regionales comprometidas con el desarrollo nacional, como la nuestra”.

Más de 700 estudiantes de la Universidad del Bío-Bío contestaron la encuesta online aplicada por la Unidad de Estudios sobre jóvenes y ciudadanía universitaria de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, información con la que se elaboró el Primer Mapa de Confianza Política de Jóvenes Universitarios UBB.

Con una matrícula actual de 6.398 estudiantes de la sede Concepción y 4.774 estudiantes de la sede Chillán, el porcentaje de confiabilidad de la encuesta alcanza el 95%, con un porcentaje de error del 3,48%. La distribución de los encuestados, por edad, género y facultad en la que cursan, permitió homologar la distribución natural del universo.

El 65.4% de los estudiantes aseguró que irá a votar en la elecciones presidenciales, que se realizarán el domingo 17 de noviembre. Entre los estudiantes que quisieron dar a conocer su intención de voto, Franco Parisi obtiene el primer lugar, con un 34.3% de las preferencias, seguido de un 15.9% por Marcel Claude y con un 15.8% por Michelle Bachelet.

Cabe consignar, que la encuesta se aplicó entre mayo y septiembre de 2013, “previo a las denuncias sobre deudas laborales que mantiene el candidato Franco Parisi con trabajadores de establecimientos educacionales, por lo tanto, no podemos conocer el efecto que tales noticias tuvieron en estos votantes que anteriormente lo eligieron como su favorito”, señaló Gloria Rivas, socióloga y coordinadora de la Unidad de Estudios sobre jóvenes y ciudadanía universitaria de la UBB.

Los estudiantes también afirmaron sentirse Independientes (25.6%) a la hora de elegir una tendencia política que represente sus ideas; mientras que el 23.9% considera que ninguna tendencia lo representa.

Asimismo, los resultados confirmaron la alta presencia de los jóvenes en las redes sociales. 50.7% de los encuestados señalaron haber debatido en Facebook o Twitter con otros usuarios sobre temas políticos, públicos o ciudadanos.

El primer Mapa de confianza política de jóvenes universitarios UBB se encuentra disponible en el siguiente link Resultados completos del Mapa de confianza política en jóvenes de la UBB