Las recientes inundaciones, así como las que previsiblemente ocurrirán en el futuro, han traído de vuelta el mantra de los (mal)denominados «desastres naturales». A menudo, desde una perspectiva intuitiva, asociamos a los desastres con causas naturales, e incluso, en algunos contextos, con motivos sobrenaturales o divinos. Sin embargo, esta interpretación simplista nos lleva a ignorar la intrincada relación entre la sociedad y la naturaleza que está detrás de estos riesgos, una relación que cobra aún más relevancia bajo el marco del cambio climático.
El término «desastre natural» no solo oscurece la realidad, sino que también nos exculpa de forma conveniente de nuestra responsabilidad colectiva en estos eventos. Aunque es innegable el rol gatillante de los forzantes ambientales, el daño que sufren nuestras comunidades es mayormente producto de decisiones humanas, o de la falta de ellas, que han configurado escenarios de riesgo. Decisiones tomadas en el pasado, como la deforestación o edificar en áreas con alta propensión a inundaciones, están pasando una factura alta, especialmente en la región más empobrecida de Chile. Agravando la situación, se observa una notable inacción institucional, manifestada en la falta de implementación de estrategias de mitigación y adaptación a largo plazo, y en su preferencia por soluciones temporales como bonos y alojamientos transitorios post-emergencias.
Ante la recurrencia de eventos extremos, nadie pone en duda la trascendencia del ordenamiento territorial y la edificación de infraestructuras para mitigar estos eventos. A ello, se une la imperativa tarea de robustecer nuestros sistemas de alerta temprana. Estos, cuando operan de manera óptima, suministran información vital que permite a las autoridades y al público en general desplegar respuestas oportunas. Sin embargo, dichos mecanismos, aunque cruciales, son soluciones de mediano plazo. No solo requieren de cuantiosas inversiones, sino también de un extenso periodo para su instauración, desarrollo y asimilación por parte de la población. Ante esto, surge la interrogante: ¿Qué acciones son viables en el corto plazo?
La prioridad inmediata es empoderar a la población para que pueda adaptarse a fenómenos que, lamentablemente, se han vuelto parte de nuestra realidad. Resulta esencial promover la resiliencia comunitaria, entendida como la capacidad de una comunidad para enfrentar, adaptarse y recuperarse de adversidades. Paralelamente, es fundamental enfatizar una comunicación de riesgos clara y directa, evitando el uso de tecnicismos y jerga especializada que más que aclarar, confunden, especialmente cuando se trata de quienes residen en áreas de alto riesgo. Esta comunicación, además de ser accesible, debe ser empática, y construida tomando en cuenta los saberes y necesidades de las comunidades, evitando cualquier matiz condescendiente o juicio hacia quienes han elegido, o se han visto forzados a, vivir en dichas áreas. De esta manera, una comunidad bien informada está en mejor posición para actuar de forma proactiva y consciente frente a emergencias, preparándose para los desafíos socioambientales presentes y venideros.
