Los proyectos de inversión generan beneficios económicos tangibles en materia de empleo y generación de ingresos, que permiten sustentar y satisfacer las necesidades de consumo y de servicios de los hogares. Sin duda, los territorios necesitan atraer inversiones productivas que dinamicen sus economías locales y generen bienestar material a sus habitantes. Sin embargo, estas inversiones deben comprometerse con intervenciones sostenibles que minimicen o mitiguen sus potenciales impactos sobre los recursos naturales, la salud de la población y el patrimonio cultural.
Técnicamente, la responsabilidad de garantizar este compromiso recae en el Estado, a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que gestiona los procesos de evaluación y control de los potenciales impactos ambientales de los proyectos antes de su ejecución. Como parte de este proceso, existe una etapa de participación ciudadana en la que las comunidades afectadas pueden formular observaciones, las cuales deben ser consideradas en la Resolución de Calificación Ambiental.
Si bien este proceso de consulta posibilita una instancia de diálogo necesaria y relevante con las comunidades, no tiene carácter vinculante. Este contexto institucional sigue siendo limitado. Las comunidades locales han adquirido un protagonismo creciente, exigiendo un mayor grado de involucramiento en la evaluación y en las decisiones relacionadas con proyectos que afectan sus vidas.
Ya no es suficiente con que un proyecto tenga todos los permisos en regla. Para su buen desarrollo y funcionamiento, necesita la aceptación social de la comunidad. A esta aceptación se la denomina licencia social y se relaciona con la percepción que tiene una comunidad sobre los beneficios y costos de un proyecto propuesto por una institución o empresa en su territorio. Esta percepción determina una postura de aprobación o rechazo al proyecto, con el consiguiente riesgo de provocar su paralización.
La experiencia de Ñuble no es ajena a este tipo de situaciones. Tanto el rechazo transversal de la comunidad de Cobquecura y la posterior paralización de un proyecto vinculado al sector acuícola como la emergencia de observaciones territoriales frente a proyectos de inversión en energía eólica más recientes en la Región de Ñuble constituyen una alerta que no debemos ignorar.
Ante un escenario económico nacional y regional complejo, en el que se busca agilizar los procesos de calificación ambiental de los proyectos de inversión, el desafío que emerge no se relaciona únicamente con la modernización del sistema, sino también con la promoción de estrategias que incentiven el diálogo y una disposición real a incorporar la opinión de las comunidades en estos procesos.
Este desafío no es únicamente técnico. Se requiere una mirada socioambiental que contribuya al diseño de una estrategia comunicacional sostenida y honesta con la comunidad, en la que se transparenten las expectativas y no solo se priorice la escucha, sino que también se asegure una vinculación efectiva de este diálogo con el proceso de diseño de los proyectos.
De esta manera, la suerte de los proyectos de inversión y, por lo tanto, del desarrollo sostenible del territorio no está únicamente en manos de una aprobación técnica y del cumplimiento de los estándares ambientales, sino también de la aceptación social por parte de la comunidad.
